¿Puede ser el Estado mexicano un buen empresario?

El papel del Estado como empresario ha sido motivo de debate a lo largo de la historia de México. En el sexenio pasado, el gobierno federal retomó el énfasis en su rol empresarial y puso al centro de las políticas públicas la preponderancia de empresas estatales en sectores clave como energía, infraestructura y telecomunicaciones. Paralelamente, aceleró el debilitamiento de su rol como regulador de sectores económicos por medio del adelgazamiento de las nóminas en las secretarías de Estado y órganos desconcentrados, y de la extinción de órganos reguladores constitucionalmente autónomos. Ahora, con nuevos arreglos institucionales e incluso, nuevos marcos jurídicos, nos encontramos ante un Estado empresario responsable de llevar a buen puerto el desarrollo económico del país. ¿Qué podemos esperar?

Esta historia ya la vivimos. El modelo de Estado empresario en México alcanzó su auge en los años setenta, con un crecimiento exponencial que en 1982 llegó a acumular la propiedad de 1,100 paraestatales, muchas de ellas operando bajo criterios políticos y no financieros, cuestión que afectó a toda la economía al generar ineficiencias, corrupción y la necesidad de financiar vía el erario sus pérdidas financieras, lo que incrementó la deuda pública y finalmente provocó una grave crisis fiscal. Las consecuencias fueron ajustes drásticos al gasto y una subsecuente política de privatizaciones en los años noventa; es decir, el gobierno se vio obligado a reducir drásticamente su participación en la economía, vendiendo o cerrando muchas de esas empresas.

Tres décadas después, el ex presidente López Obrador revivió el modelo con una diferencia importante: otorgó como nunca un papel central al Ejército como constructor y administrador de sus obras de infraestructura emblema, como la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la construcción y gestión del Tren Maya, el despliegue de líneas férreas, y la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, entre otros. Así, entre 2019 y 2024 la Sedena manejó un presupuesto total de más de 775,716 millones de pesos. De esta cifra, 385,532 millones de pesos (49.7%) se emplearon en la construcción de obra pública.

Ahora bien, para 2025 el presupuesto, ya bajo la administración de la presidenta Sheinbaum, presentó recortes a la Secretaría de la Defensa Nacional Sin embargo, se mantiene un enfoque en el desarrollo de infraestructura. Según declaraciones de la presidenta, confía en dicha institución para continuar construyendo las obras insignia de su antecesor y las que ella busca enarbolar, además de destacar que de esa manera los costos de las obras se reducen a la mitad, lo mismo que los tiempos de ejecución, en comparación con las constructoras privadas. Así, para este sexenio el Ejército tiene el encargo de construir el tren México-Pachuca y el tren suburbano que conectará la Ciudad de México con el AIFA en 2029, como parte del ambicioso proyecto ferroviario que pretende tender vías en más de 3,000 kilómetros a lo largo del país con un presupuesto de 149,000 millones de pesos.

Como consecuencia de esta política, se observa un preocupante desempeño en el sector de la construcción en México. En enero de 2025, el valor de producción de las empresas constructoras en México cayó 4.2% a tasa mensual, acumulando su séptima baja consecutiva, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. A tasa anual, la contracción fue aún más pronunciada, con una caída del 19.2%. La tendencia revela los desafíos que enfrenta el sector, en un contexto de menor inversión y cambios en la ejecución de obra pública. La militarización de la obra pública ha desplazado a empresas privadas, pues su participación se ha reducido a obras civiles, lo que ha limitado su crecimiento. Y, aunque las fuerzas armadas subcontratan insumos y servicios, su dominio sobre la obra pública y la falta de transparencia y licitaciones públicas afectan la capacidad de participación del sector privado, lo que también disminuye la certeza para generar empleos de mediano y largo plazo así como estabilidad en las cadenas de suministro.

La construcción de megaproyectos, como el AIFA, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han sido promovidos como motores de desarrollo regional, pero su desempeño sigue por debajo de las expectativas planteadas por el gobierno federal. El AIFA, por ejemplo, ha operado muy por debajo de su capacidad, con aerolíneas obligadas a trasladar vuelos para justificar su existencia. El Tren Maya, cuyo costo ha triplicado lo previsto, enfrenta problemas ambientales y de derechos humanos. De aquí que sea pertinente la pregunta ¿sí es eficiente que una institución diseñada para la defensa nacional gestione aeropuertos, trenes y empresas mineras? La militarización de la economía también ha generado un preocupante déficit de transparencia, ya que muchas de estas empresas operan bajo un régimen de seguridad nacional que limita o nulifica la abierta rendición de cuentas.

Otro de los sectores donde el gobierno federal ha insistido en fortalecer su papel empresarial es el energético. Con Pemex y la CFE como pilares, el gobierno federal continúa apostando por la autosuficiencia energética como objetivo principal de la política pública para ese sector que contempla continuar con el financiamiento y el impulso a proyectos como la refinería de Dos Bocas, el rescate de la industria petroquímica y la construcción de plantas generadoras a gas natural. No obstante, la política energética de esta administración, con un marco jurídico recién promulgado, se distingue de la anterior a mantener el sector semi abierto a la inversión privada a través de contratos mixtos en los que siempre deben participar las empresas públicas del Estado en porcentajes mínimos del 54% para electricidad y 40% para hidrocarburos. Asimismo, la política energética muestra un mayor interés en lograr la transición energética hacia energías limpias bajo un marco mucho más estricto de rectoría del Estado a cargo de la Secretaría de Energía por medio de un esquema de planeación centralizada vinculante. El presupuesto anunciado para inversión en proyectos energéticos por parte del Estado se contempla en 468 mil millones de pesos que equivaldrían a 23,400 millones de dólares.

En este contexto, y aunque las inversiones anunciadas para las empresas estatales son considerables, persisten dudas sobre si serán suficientes para cubrir la creciente demanda y alcanzar los objetivos, especialmente con una mayor participación de la inversión privada acotada. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estima que, para satisfacer la creciente demanda eléctrica y evitar apagones, México necesita invertir aproximadamente 129,660 millones de dólares en el sector eléctrico hacia 2030. Esta cifra se desglosa en 75,660 millones de dólares destinados a la generación eléctrica, equivalentes a unos 12,600 millones de dólares anuales, y 54,000 millones de dólares para la infraestructura de transmisión y distribución, alrededor de 9,000 millones de dólares por año.

Por su parte, Pemex en su Plan de Trabajo 2025-2030 incluye una inversión pública de 238 mil millones de pesos destinados a perforaciones y reparaciones, con el objetivo de incrementar la producción de gas natural a 5 mil millones de pies cúbicos diarios y fortalecer el abastecimiento energético del país. Sin embargo, Pemex enfrenta desafíos financieros significativos, incluyendo vencimientos de deuda por 9 mil millones de dólares en 2025 y casi 13 mil millones en 2026. Además, la empresa ha pagado recientemente 147 mil millones de pesos en deudas atrasadas a proveedores, reflejando su compleja situación financiera. Y, no hay que olvidar el problema financiero que hasta ahora representa la construcción de la refinería Olmeca (Dos Bocas) cuyo costo ha superado los 20 mil millones de dólares, más del doble del presupuesto inicial de 8 mil millones. A pesar de las considerables inversiones, su producción no ha alcanzado las metas previstas. En diciembre de 2024, procesó apenas 43.1 mil barriles diarios de petróleo crudo, muy por debajo de la meta de 340 mil barriles operando a sólo el 17.5% de su capacidad de producción. El proyecto ha experimentado retrasos en su construcción y las fallas en su puesta en marcha generan preocupaciones sobre su eficiencia y los costos adicionales que ha acumulado.

Por lo anterior, aunque el plan de inversión presentado por Pemex es ambicioso y apunta a cumplir con los objetivos de la política energética nacional, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad de la empresa para manejar sus compromisos financieros y de la efectiva incorporación de inversión privada para complementar los recursos necesarios.

Finalmente, en el ámbito de la digitalización y telecomunicaciones, el gobierno también ha promovido un cambio estructural en sus niveles de participación tanto mayorista como minorista en el sector de la conectividad a través de la CFE Telecom —que ya concentra la mitad de la participación de la red mayorista Altan Redes— y el programa Internet para Todos que busca llevar servicios de banda ancha a regiones marginadas.

Además, de cara al futuro, destaca la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un nuevo esquema institucional que modernizará el enfoque regulatorio y operativo del Estado en materia digital. Esta agencia no solo centralizará el desarrollo de software para automatizar procesos del gobierno federal, sino que también simplificará trámites, impulsará la eficiencia institucional y fortalecerá el ecosistema digital nacional. Aunque el presupuesto federal en tecnología presenta una reducción del 23% para 2025, esta reconfiguración busca optimizar recursos, eliminando duplicidades y fomentando soluciones tecnológicas propias, abiertas y escalables.

La política pública incluye el impulso al área de telecomunicaciones de la CFE, que, por cierto, a cuatro años de su creación, se encuentra lejos de su objetivo de conectar a 20 millones de mexicanos en zonas remotas con internet y telefonía. De acuerdo con expertos, la CFE aún no proporciona información amplia sobre sus avances y ha declinado compartir datos relevantes con el extinto regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo que se conoce es que a enero de 2025, solo tenía 6,493 usuarios prepago y había implementado 81,826 puntos WiFi, cifra por debajo de su meta original de 100,000.

El panorama 2025 para el sector telecomunicaciones es retador, pero también está lleno de oportunidades. La transición hacia un modelo más digital, ágil y centrado en el ciudadano requiere estrategias claras, inversiones inteligentes y una visión de largo plazo. A medida que se consolida la digitalización de los procesos productivos, logísticos y de consumo, el despliegue de infraestructura digital se vuelve clave para mejorar la competitividad nacional. A nivel global, otras naciones han impulsado la digitalización con fuertes alianzas público-privadas, asegurando inversiones sostenibles y modelos de negocio viables. En contraste, en México la inversión en telecomunicaciones se ha desacelerado, y la penetración de internet aún deja a millones de personas sin acceso, profundizando la brecha digital.

Por otro lado, en el ámbito de la política satelital también existe incertidumbre sobre el futuro de los proyectos estatales tras la desaparición de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) que se fusionó con Mexsat para crear el Programa Espacial Mexicano, pero posiblemente sin suficientes recursos para avanzar proyectos como la misión Colmena, la primera misión lunar para estudiar la superficie de la Luna y realizar experimentos. Aunque el gobierno asegura que la AEM funcionará, expertos como el exdirector de la AEM, Salvador Landeros, y el astronauta Rodolfo Neri Vela, cuestionan la falta de apoyo y presupuestos, lo que pone en entredicho el futuro del sector espacial y la oportunidad del Estado para emprender a la luz de los avances que en este sentido van desarrollando países como China, Estados Unidos, Rusia, Israel, la India y Brasil.

En conclusión, el futuro de la participación del Estado en la economía dependerá de su capacidad para encontrar un equilibrio entre su rol como regulador —que garantice competencia, transparencia y un piso parejo para todos— y su función como promotor del desarrollo en beneficio de la sociedad. Esto implica diseñar un marco normativo robusto, fortalecer a las autoridades que lo implementan y asegurar que cualquier intervención estatal esté sujeta a criterios claros de planeación, monitoreo y evaluación, con herramientas eficaces contra la corrupción. La rectoría del Estado no debe traducirse en control absoluto ni en competencia desleal, pero tampoco puede diluirse en un repliegue que renuncie a su vocación de garantizar el acceso a servicios públicos esenciales ni a su responsabilidad de velar por el bienestar colectivo. El reto está en construir instituciones que impulsen proyectos públicos viables, con visión de largo plazo, rendición de cuentas y un compromiso real con la ciudadanía.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.