Musk y DOGE lo están haciendo mal

CAMBRIDGE – El multimillonario y zar del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, son completamente diferentes. Sin embargo, comparten un objetivo común: reducir la burocracia y la carga del gobierno sobre las empresas, especialmente las del sector tecnológico.

Sin duda, ambos abordan este problema de maneras muy distintas. En Estados Unidos, la iniciativa del presidente Donald Trump de recortar el gasto público y eliminar agencias enteras corre el riesgo de desmantelar funciones esenciales sin un plan claro para la sustitución de tecnologías. El Reino Unido, bajo la dirección de Starmer, ha adoptado un enfoque más mesurado, centrándose en frenar la extralimitación regulatoria en lugar de desmantelar el gobierno.

Aun así, el tema general es similar. “La gente votó por una reforma gubernamental importante y eso es lo que va a recibir”, declaró Musk. Starmer, por su parte, se centró en la regulación: “Si no frenamos la extralimitación regulatoria, no desbloquearemos la inversión necesaria para un futuro más próspero”.

Es comprensible que las empresas acojan con agrado estas declaraciones. La supervisión gubernamental, por diseño, impone costos y restricciones, impidiendo que las empresas hagan lo que desean. Sin embargo, si bien las empresas pueden oponerse a ciertas normas por interés propio, estas regulaciones no son necesariamente perjudiciales para los consumidores ni para la sociedad. El verdadero desafío radica en garantizar que las regulaciones no impongan costos que superen sus beneficios. Para ello, Estados Unidos exige que toda nueva regulación se someta a un análisis de costo-beneficio.

Impulsadas por la frustración generada por sus encuentros con las burocracias gubernamentales, las demandas de desregulación y privatización están ganando terreno entre los votantes de todo el mundo. Si bien factores como la alta inflación sin duda influyen, el motor de esta tendencia es el marcado contraste entre la ineficiencia de algunos servicios públicos y la experiencia simplificada y fácil de usar que ofrecen las empresas privadas.

Lidiar con las burocracias gubernamentales suele ser una tarea tediosa y kafkiana. Las agencias con poco personal no responden a las llamadas, sus sitios web están desactualizados y los servicios en línea son torpes, si es que existen. Una posible solución es una mayor inversión en la digitalización de los servicios públicos, un objetivo defendido tanto por los entusiastas de DOGE como por el gobierno británico. Sin embargo, aunque abundan las recomendaciones sobre cómo modernizar los servicios públicos, su implementación sigue siendo un desafío.

Al mismo tiempo, los esfuerzos exitosos para optimizar los servicios gubernamentales rara vez atraen tanta atención como los fracasos, lo que refuerza la narrativa habitual de la burocracia excesiva y el gasto innecesario. Por ejemplo, recientemente recibí una atenta carta de un oficial naval estadounidense retirado que, si bien reconocía la importancia de la investigación universitaria, argumentaba que el dinero de los contribuyentes se estaba malgastando en proyectos ideológicos y frívolos, una opinión demasiado común entre los críticos del gasto público.

Por supuesto, las promesas de frenar la regulación excesiva y el despilfarro gubernamental no son nuevas. En los últimos 50 años, gobiernos de todo el mundo han hecho promesas similares, solo para descubrir que hacerlo es mucho más complicado de lo que parece. En su libro de 2018, El quinto riesgo, el autor Michael Lewis destacó los intrincados, y a menudo invisibles, sistemas que mantienen en funcionamiento a los gobiernos modernos. El enfoque de DOGE, basado en la reducción drástica de los gastos, amenaza con paralizar por completo estos sistemas vitales, sin considerar las posibles consecuencias.

Esto ayuda a explicar por qué los intentos de simplificar la burocracia y frenar la extralimitación regulatoria suelen resultar insuficientes. “Regulación” es un término amplio que abarca tres tipos distintos de intervención gubernamental, cada uno de los cuales requiere una estrategia diferente.

En primer lugar, existen regulaciones que simplemente han dejado de ser útiles o que presentaban fallas desde un principio y que ahora obstaculizan la actividad económica. Estas incluyen normas que exigen a las agencias presentar informes en papel y protecciones para especies que ya no las necesitan. En el Reino Unido, por ejemplo, el desarrollo de viviendas se ha paralizado debido a las protecciones para las arañas saltadoras, mientras que se invirtieron 100 millones de libras (128 millones de dólares) en un túnel para murciélagos como parte del desafortunado proyecto ferroviario HS2. Así como nadie se beneficia de los cuellos de botella en el tráfico, todos se benefician cuando se identifican y eliminan estos obstáculos regulatorios.

En segundo lugar, así como los límites de velocidad priorizan la prevención de accidentes sobre la reducción de los tiempos de viaje, algunas regulaciones exigen concesiones, especialmente en áreas como la supervisión financiera y la seguridad del consumidor. La forma en que los gobiernos abordan estas concesiones suele cambiar en tiempos de crisis. Tras la crisis financiera de 2008, por ejemplo, los rescates bancarios impulsaron la demanda de regulaciones financieras más estrictas. Sin embargo, en los últimos años, la intensa presión del sector financiero ha reabierto el debate.

La tercera categoría consiste en regulaciones que brindan a empresas y consumidores reglas claras, reduciendo la incertidumbre y permitiendo que los mercados funcionen eficientemente. Estas reglas, como pesos y medidas específicos, algunas de las cuales datan de tiempos antiguos, pueden compararse con los semáforos: al regular cuándo los conductores pueden cruzar las intersecciones, garantizan un tráfico fluido y mantienen seguros a conductores y peatones. Ejemplos modernos incluyen las normas de higiene alimentaria, la protección de los derechos de autor y las políticas de competencia. Si bien sus detalles son debatibles, su necesidad es evidente: sin ellas, la innovación se estanca y el crecimiento económico flaquea.

Las diferencias entre los tres tipos de regulación subrayan la necesidad de un enfoque más estratégico para reducir la burocracia. A pesar de lo que Musk pueda pensar, una reforma gubernamental significativa y duradera requiere algo más que simplemente blandir una motosierra.

En el panorama económico actual, el papel de los gobiernos en la provisión de la infraestructura y los marcos regulatorios que apoyan el crecimiento empresarial y la creación de empleo es más importante que nunca. Algunos de los defensores más acérrimos de la reducción del gasto público, en particular las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, se han beneficiado enormemente del apoyo gubernamental y de políticas favorables. Sus afirmaciones de que la burocracia les ha impedido crecer suenan falsas; en general, el entorno regulatorio les ha favorecido.

Dicho esto, es necesario reformar las burocracias gubernamentales para adaptarse a las realidades económicas del siglo XXI. Hasta que los gobiernos puedan ofrecer una experiencia de servicio fluida como la de Amazon o Airbnb, muchos ciudadanos seguirán considerando al sector privado más eficiente. Si bien esto puede ser cierto en algunos casos, el riesgo es que los esfuerzos mal concebidos para que el gobierno funcione como una empresa socaven servicios públicos cruciales, perjudicando tanto la economía como la vida de las personas.

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El autor

Diane Coyle, profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge, es autora de Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be (Princeton University Press, 2021) y del próximo libro The Measure of Progress: Counting What Really Matters (Princeton University Press, primavera de 2025).