Una ocurrencia constructora

La nueva ocurrencia es crear una “constructora para el bienestar” o el cambio constitucional para convertir al Infonavit en la constructora de vivienda más grande del país. Una vez más, como ocurrió en el sexenio anterior, para solucionar un problema real —la falta de vivienda— se plantea una solución que podría generar uno más grande.  

Según la información disponible, el gobierno propone construir un millón de viviendas en seis años, de las cuales 500,000 estarán a cargo del Infonavit. Para esto, se plantea la creación de una empresa constructora pública dentro del instituto.

El déficit de viviendas en las principales ciudades de México es real, lo que ha encarecido las casas y rentas por la falta de construcción de nueva vivienda. Se estima que en la CDMX se requieren 60,000 viviendas anuales, pero en los últimos años se han construido menos de 5,000 al año. El problema se concentra en el Valle de México, donde las restricciones a la verticalidad obligan a millones de personas a hacer largos traslados, así como en ciudades como Guadalajara, Tijuana, Mérida y, en menor medida, Monterrey.

Sin embargo, transformar al Infonavit y modificar su rol no sólo no solucionará esto, sino que creará problemas aún mayores.

Construir medio millón de viviendas en seis años implica construir 85,000 al año, es decir, 7,000 al mes. Pero este no es un proceso lineal debido a la curva de aprendizaje y de maduración de un proyecto de desarrollo; construir implica conseguir terrenos, permisos, diseños arquitectónicos, administración y un largo etcétera. Siendo optimistas, si en el primer año se logran construir 10,000 viviendas, sería un gran éxito. La producción debería de irse acelerando, lo que implica que al final del sexenio se necesitarían construir decenas de miles de casas al mes para alcanzar la meta de 500,000. Algo que se antoja complejo, por decir lo menos.

Después está el tema del financiamiento. El Infonavit es, hasta ahora, un financiador. Su dinero proviene de las cuentas de vivienda de millones de trabajadores, similar a un banco. Aunque ahora se puede modificar la Constitución a lo que se antoje, no hay que olvidar que el Infonavit es tripartita: del Estado, sectores laborales y patronales. Incluso con reformas, la mayor parte de sus recursos son subcuentas individuales de vivienda de trabajadores formales; no es dinero disponible para cualquier uso.

Además, hay que considerar el tamaño de organización necesaria si el proyecto es exitoso. Sólo en el desarrollo, se requiere una estructura de miles de personas para crear 500,000 viviendas. En la construcción, a menos que se use al Ejército, se necesitarían decenas o incluso más de 100,000 trabajadores. Al hacer estos anuncios, se ignoran los problemas que esto generaría para el sector de la construcción, que ya enfrenta escasez de mano de obra calificada.

Como lo han resaltado diversos especialistas, el problema de vivienda debe atenderse a través de la verticalidad y densificación urbana. Comparar los paisajes urbanos de la CDMX con los de otras ciudades de Latinoamérica es ridículo, pues aquí casi no hay edificios. Los argumentos conservadores que evitan la construcción de vivienda por privados, lo que aumentaría la oferta de todo tipo de viviendas, son los que han encarecido los precios.

Esta es la oportunidad para demostrar que ya no estamos en un gobierno de ocurrencias, sino en uno dirigido por una científica. Si no, en unos años veremos miles de casas deshabitadas y habremos tirado a la basura miles de millones de pesos.