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Opinión

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Política energética con enfoque social

Estado, Mercado y Sociedad / Por: José Nery Pérez Trujillo

Estado, Mercado y Sociedad / Por: José Nery Pérez Trujillo

Reciente inició el Programa de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar en Paracho, Michoacán. Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas mediante la sustitución de fogones por estufas ecológicas y eficientes. Estas estufas consumen menos leña, calientan más rápido y reducen la emisión de humo.

El Programa, impulsado por el Gobierno de México, contempla en su primera etapa la instalación de estufas ecológicas en 16 mil 500 hogares distribuidos en 146 comunidades. Su meta final es ambiciosa: lograr la instalación de un millón de estufas en todo el país. Entre los beneficios que se esperan alcanzar con la implementación de este programa destacan: la mejora en la salud de las mujeres expuestas al humo, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de la participación comunitaria en la construcción e instalación de las estufas y el impulso a la economía local.

No obstante, el programa enfrenta limitaciones y desafíos en su implementación. Aunque las estufas son más eficientes, continúan utilizando leña como combustible, lo que perpetúa problemas como la deforestación y las emisiones de dióxido de carbono. Además, el costo por unidad, estimado en 30 mil pesos, plantea interrogantes sobre la viabilidad de alternativas más económicas para abordar la misma problemática. Por otra parte, aunque las estufas contribuyen a reducir las emisiones dentro de los hogares, la quema de leña sigue siendo una fuente significativa de contaminación ambiental.

En este contexto surge la interrogante de si esta es realmente la política energética más adecuada que el gobierno puede implementar para integrar los objetivos de un suministro energético sustentable, la generación de capacidades productivas y una política social orientada a los hogares de menores recursos en el país. La respuesta es contundente: existen alternativas que ofrecen un mayor bienestar para la población. A continuación, presento dos de ellas.

Según datos del INEGI, el 99.6% de los hogares en México disponen de electricidad. Sin embargo, considerando que hay más de 35 millones de hogares en el país, se calcula que alrededor de 140,000 todavía carecen de este servicio básico. En términos de población, esto equivale a aproximadamente medio millón de mexicanos que no tienen acceso a la electricidad para encender siquiera un foco en sus hogares.

Por lo tanto, una alternativa accesible y económica consiste en implementar tecnologías de generación de energía limpia, como celdas fotovoltaicas o biodigestores, para abastecer de electricidad a las zonas donde la CFE enfrenta altos costos de operación. Después de casi 150 años de historia eléctrica en México, el gobierno encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum podría marcar un hito al lograr que el 100% de los hogares mexicanos cuenten con acceso a electricidad.

Por otro lado, el Gobierno de México ha destinado un promedio anual de 82 mil millones de pesos en subsidios a la electricidad durante los últimos cinco años, cifra que en 2023 superó los 100 mil millones de pesos. Mediante un redireccionamiento de estos fondos, financiado a través de bonos específicos, es posible adquirir sistemas fotovoltaicos para los hogares que reciben los mayores subsidios. Inicialmente, se podrían instalar entre 4.4 y 6.8 millones de paneles solares, lo que incrementaría la capacidad instalada nacional entre 2,207 MW y 3,403 MW anualmente. Se estima que el retorno de la inversión podría oscilar entre 3 y 6 años, lo que representaría una menor carga para las finanzas públicas en el mediano plazo

Las decisiones de política pública deben considerar las restricciones presupuestales, los riesgos y limitaciones en su implementación, así como el impacto previsto en la población objetivo. En este contexto, los análisis costo-beneficio resultan fundamentales, ya que permiten tomar decisiones más eficientes y asegurar el uso óptimo de los recursos provenientes de los contribuyentes. Del mismo modo, existen otras acciones que podrían robustecer la política energética desde un enfoque social, contribuyendo de manera significativa a construir un país más justo y equitativo para quienes más lo necesitan.

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José Nery Pérez es economista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) y maestro en Política Pública por la Universidad de Chicago. Tiene 20 años de experiencia profesional en las materias de competencia y regulación, análisis de mercados, planeación y evaluación.

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