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Activistas por derechos sobre la tierra, objeto de asesinatos y amenazas
De acuerdo con un informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 43 asesinatos fueron cometidos en contra de defensores de los derechos sobre la tierra entre el 2011 y el 2013.
De acuerdo con un informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 43 asesinatos fueron cometidos en contra de defensores de los derechos sobre la tierra entre el 2011 y el 2013. Asia y América Latina son los continentes más afectados, destaca el documento.
Sobre México, el informe No tenemos miedo reporta el caso de Héctor Regalado Jiménez, miembro de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, quien fue asesinado el 21 de julio del 2013.
Él y su organización llevaban semanas manifestándose contra la construcción de plantas eólicas en sus tierras, exhibe el documento.
En Honduras, Antonio Trejo Cabrera, el abogado de una ONG que militaba por la restitución de tierras a las comunidades del Bajo Aguán, fue asesinado el 22 de septiembre del 2012. Su hermano, que se había manifestado públicamente para pedir la apertura de una investigación, fue asesinado al año siguiente.
Según el texto, presentado este martes en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la ciudad de México, además de la violencia, muchos estados también utilizan el acoso judicial y la detención arbitraria para intimidar a los defensores y defensoras.
El Observatorio indica que la presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Este organismo instó a los países llevar a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos. Asimismo, que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos.
El documento exhibe la necesidad de reforzar la capacitación e independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas.
Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las industrias cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos.
