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Acusan que SCJN se convertiría en una oficina al servicio de oposición
Que los legisladores no hayan puesto la debida atención no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría.
Tan sólo por la primera parte del llamado “plan B” se han interpuesto más de 100 recursos ante la Suprema Corte. Foto EE: Eric Lugo
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) acusó que el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, por el cual se prevé invalidar la segunda parte de la reforma electoral, llamada "plan B”, se basa en un hecho que no fue invocado por los partidos de oposición que impugnaron la enmienda y con lo cual se vulneraría el principio de imparcialidad.
“El ministro Laynez Potisek propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”, aseguró la CJEF en un comunicado.
El área jurídica de la Presidencia aseguró que con el proyecto el ministro Laynez cambió de opinión con respecto a lo que ha defendido con anterioridad sobre que no se puede pedir al Congreso de la Unión una fundamentación precisa para declarar la dispensa de trámites sobre una reforma a discusión.
El proyecto del ministros, que se prevé se discuta hoy en el pleno de la SCJN, argumenta que se debe invalidar el paquete de reformas a diversas leyes en materia electoral debido a que se violentó el proceso legislativo.
“El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas.
“Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, sostuvo la CJEF.
La Consejería concluye que, en caso de aprobarse el proyecto y con ello se invalide la reforma electoral, impulsada desde el Ejecutivo federal, “la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas”.
