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Aguilar promete política judicial de protección a DH
El ministro Aguilar fue electo el viernes pasado, para lo cual planteó transformar algunos órganos jurisdiccionales e impulsar la oralidad en juicios penales y mercantiles.
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2015-2018, Luis María Aguilar Morales, prometió una política judicial de protección de derechos humanos e impulso al Estado de Derecho.
El nuevo presidente de la SCJN deberá enfrentar el reto de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, el cual debe entrar en vigor en junio del 2016. Si bien ello debe abordarse desde el CJF, el máximo tribunal tiene la misión de fijar las grandes líneas jurisprudenciales.
Asimismo, deberá hacerse cargo del combate a la corrupción y de la disciplina de los jueces federales.
Con la participación de seis ministros que contendían por la presidencia de la SCJN, luego de cuatro horas de sesión, tres recesos, 32 rondas de votación y 29 empates con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales -de los llamados internos; es decir, aquellos de carrera judicial- obtuvo el viernes los seis de los 10 votos necesarios para el cargo.
La sesión fue moderada por el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, quien indicó que la elección está diseñada para realizarse con votos notes; es decir, con 11 ministros. Por ello el fallecimiento del ministro Sergio Valls complicó la elección.
De los seis que aspiraban la presidencia, tres eran de los denominados externos; es decir, aquellos ministros que han llegado de otros lugares y no de puestos del Poder Judicial: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Fernando Franco Salas y Arturo Zaldívar.
Los otros tres, Aguilar Morales, Mario Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos, son internos. El nuevo ministro presidente comenzó en 1968 como taquimecanógrafo judicial F en el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito y hacia el 2009 fue presidente de la Comisión de Adscripciones del CJF. El ministro Aguilar Morales ha sido ministro de la Corte desde diciembre del 2009 y su periodo culmina en el 2024, y hasta el viernes pasado era el presidente de la Segunda Sala. De acuerdo con la propuesta de trabajo del nuevo presidente del máximo tribunal, impulsará la equidad de género en puestos jurisdiccionales dentro del Poder Judicial, asimismo integrarán a grupos vulnerables, lo que requerirá remodelar las instalaciones para adecuarlas a sus necesidades.
Por otro lado, propone redistribuir a los órganos jurisdiccionales, reubicando juzgados de distrito y tribunales de circuito de acuerdo con las necesidades de la población en las circunscripciones territoriales.
A su vez, planteó transformar algunos órganos jurisdiccionales para ayudar a distribuir equitativamente los asuntos e impulsar la oralidad en los juicios penales y mercantiles.
También se comprometió a emplear tecnologías para dar seguimiento a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como crear aplicaciones para la consulta de diversos asuntos.
En relación al ministro Juan Silva Meza, quien fuera hasta el 31 de diciembre del 2014 presidente del máximo tribunal, formará parte de la Segunda Sala, donde se resuelven asuntos administrativos y laborales.
Ministro Aguilar
Conoció los tribunales desde 1968
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, inició su carrera en 1968 como taquimecanógrafo judicial F en el Primer Tribunal Colegiado Civil del Primer Circuito.
Es licenciado en Derecho por la UNAM. En 1985 llegó a magistrado de circuito; secretario general de la Presidencia y Oficialía Mayor en 1995, y consejero de la Judicatura Federal (2004-2009); entre otros. Su periodo como ministro de la SCJN corre de diciembre del 2009 a diciembre del 2014.
Entre los casos más importantes en los que estuvo presente durante la resolución, destaca una acción de inconstitucionalidad en la que la CNDH demandó la invalidez de la modificación al artículo Código de Procedimientos Penales de Baja California Sur, que determinaba que podían ser arraigados los individuos que cometieran delitos graves.
El ministro Aguilar propuso declarar que el decreto viola los artículos 73 y 16 de la Constitución.
