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Política

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Aguirre se va

Aguirre se negaba a dejar el cargo, incluso intentó una maniobra a través de una posible consulta popular, que la ley estatal no contempla.

Ángel Aguirre deja la gubernatura de Guerrero, es una decisión tomada. Se va en medio del caos social de la entidad desatado por el ataque a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado, cuando tres estudiantes murieron a manos de presuntos policías municipales de Iguala que les dispararon y se llevaron a 43 que, hasta el momento, permanecen en calidad de desaparecidos.

Su salida es una decisión tomada por el gobierno federal, dijo Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD a los senadores de su partido, con quienes se reunió por la mañana en la sede legislativa.

De acuerdo con senadores que estuvieron en el encuentro, Navarrete les planteó la necesidad de restablecer la relación entre la bancada perredista y la dirigencia encabezada por él y en ese sentido tomar decisiones de forma conjunta.

Les planteó que decidieran juntos si Aguirre pedía licencia ya como lo planteaba el gobierno federal o aguantaban más tiempo. Navarrete hizo especial énfasis en tomar las decisiones en conjunto, sobre todo con Armando Ríos Peter, quien -dijo- va arriba en las encuestas para gobernador en la entidad.

Ante esta declaración, el también senador guerrerense Sofío Ramírez recriminó a Navarrete el hecho de que llegara a la reunión bancada a restablecer la unidad la del partido imponiendo candidaturas en medio de una situación tan grave como la de Guerrero.

A decir de los senadores perredistas, Sofío Ramírez advirtió a Navarrete que estaban entregando la gubernatura de Aguirre sin que hubiera una investigación de por medio en la que se determinara si hubo o no responsabilidad de Aguirre por acción u omisión en la desaparición de los estudiantes. Hubo reuniones con el gabinete de seguridad federal en las que Aguirre les advirtió de los presuntos nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el crimen organizado.

Navarrete concluyó la reunión en el senado, con la promesa de estar en comunicación.

El debate que no se dio

Ayer mismo, tras reunirse con los senadores de su partido, el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, dijo a los medios de comunicación que su postura era en contra de la desaparición de Poderes en Guerrero, al afirmar que mal hacen quienes quieren recuperar facultades del presidencialismo arcaico de México y quienes pretenden especular o, peor aún, tratar de beneficiarse de la tragedia guerrerense para obtener ventajas político-electorales.

Sin embargo, ya con las cámaras de frente, no dijo nada de la decisión tomada y que planteó a sus senadores en el sentido de que Aguirre pediría licencia para retirarse del cargo.

Más tarde, las propuestas para desaparecer los Poderes en la entidad fueron turnadas por el Senado a la Comisión de Gobernación, que encabeza la priísta Cristina Díaz.

Aparte de la solicitud del PAN al respecto, empresarios de Guerrero aglutinados en el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal presentaron al Senado una petición para desaparecer los Poderes en la entidad, al considerar que ante el peso del crimen organizado hay omisión, negligencia e ineptitud de parte de las autoridades.

Para que procedan las solicitudes del PAN y de empresarios, el Pleno del Senado deberá estar en favor y manifestarlo por lo menos con el voto de las dos terceras partes de los legisladores, aunque de antemano el PRI y el PRD consideran que no es viable la opción pese a las condiciones de inseguridad que se han registrado en la entidad.

El coordinador del PAN en la Cámara, Jorge Luis Preciado, dio un mensaje junto a empresarios de Guerrero. La Iniciativa Privada exigió la restitución del Estado de Derecho.

Jaime Nava, presidente tanto de Coparmex como del Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero, advirtió que no quiere provocar pánico entre la población, pero las condiciones en el estado son insostenibles.

Presentó documentación al Senado en la que da cuenta de que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal a nivel nacional entregaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en agosto del año pasado, en el que destacan que hay empresarios que pagan hasta 15% de sus contratos al crimen organizado, además de que las personas que se dedican al comercio, ya sea formal o informal, son obligadas a pagar derecho de piso todos los días a la delincuencia.

Para el cobro de piso, los grupos criminales acuden personalmente a los negocios, sin ningún temor, inclusive volteando a las cámaras a manera de reto o utilizan a los líderes de los sectores, a quienes se entrega cuota directamente sabiendo que cuentan con la protección policiaca y de otros corruptos servidores públicos , precisaron en la misiva.

Los diputados

En tanto, en la Cámara de Diputados, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que su partido promueve encauzar por la vía institucional, a través de la discusión en la Cámara de Senadores, si procede la desaparición de Poderes en Guerrero con el fin de solucionar el problema que se vive en aquel estado y evitar que la violencia se desborde; así como decidir en torno a si el gobernador Ángel Aguirre Rivero se debe ir o mantener en el cargo, afirmó.

A pregunta específica sobre hasta qué punto su partido asume la responsabilidad de haber respaldado, en su momento, junto con el PRD, la candidatura del perredista, gobernador, Anaya dijo que la posición va más allá de cualquier visión partidista, por lo que se quiere llevar la discusión sobre la exigencia de la destitución de Aguirre Rivero, que cada vez se torna más violenta en las calles, a las instituciones.

Digámosle a las cosas por su nombre: Lo que ocurrió en Iguala fue que el crimen organizado se apoderó del gobierno municipal y, utilizando a la policía municipal, desapareció a 43 jóvenes .

El tema del blindaje electoral, reveló, ya lo abordó, en privado, con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

politica@eleconomista.com.mx

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