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Alertan alza de 11 delitos durante sexenio de AMLO
El presupuesto ejercido sigue concentrándose en Combate al crimen” y en menor medida a prevenir el delito y a procurar e impartir justicia, señala el ONC.
Varios delitos han alcanzado su tasa máxima histórica durante el sexenio de AMLO
La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar al país, ha sido superada por la realidad, pues a cuatro años de la llegada de su gobierno, la tasa de 11 delitos ha alcanzado su máximo histórico, alertó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Durante la presentación del informe “Cuatro años perdidos en materia de seguridad”, Francisco Rivas, director general del ONC, sostuvo que al observar el escenario delictivo del país se puede entender que “la seguridad está literalmente detenida con alfileres”.
Delitos como el homicidio doloso (en 2019); feminicidio (en 2021); otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal (en 2022); extorsión (en 2022); otros delitos que atentan contra la libertad personal (en 2022).
Robo a negocio (en 2019); narcomenudeo (en 2022); trata de personas (en 2022); otros delitos que atentan contra la sociedad (en 2019); violación (en 2022) y violencia familiar( en 2022), han alcanzado su tasa máxima histórica durante el sexenio del presidente López Obrador.
Asimismo, el documento añade que a pesar del “cambio de estrategia” del gobierno federal, las organizaciones delictivas no sólo han permanecido, sino que su operación ha evolucionado en detrimento del bienestar de la población, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Análisis a estrategia
En seguridad pública se han llevado a cabo diversas reformas del marco jurídico teóricamente relevantes. Sin embargo, se advierte que los resultados han sido mínimos o nulos en algunos rubros. Aunque el gobierno federal prometió acabar con la impunidad, no ha generado herramientas jurídicas adecuadas para cumplirlo.
Al tiempo que existe una emergencia y consolidación de la violencia de género, pues se acentuaron los casos de violencia extrema, en particular, de los feminicidios.
Mismo caso para los homicidios contra actores sociales relevantes tales como periodistas, defensores ambientales y de derechos humanos, ministros de culto, policías, funcionarios del sistema de justicia penal, personal militar, entre otros.
Asimismo, se identificó que la relevancia del gasto público en seguridad ha disminuido durante los últimos años, ya que en 2018 de cada 100 pesos se dedicaban 4.2 pesos a seguridad pública, y para 2022 se dedicaron solo 3.2 pesos.
“La austeridad y el cambio de paradigma de seguridad pregonado por el gobierno federal, no se ven materializados en el gasto público en seguridad. El presupuesto ejercido sigue concentrándose en “Combate al crimen” y en menor medida a prevenir el delito y a procurar e impartir justicia”, señala el informe.
Por otro lado, se dijo que las expectativas de un notorio cambio de las áreas de la Administración Pública Federal y del fortalecimiento de la autonomía de las instituciones en materia de derechos humanos, atención de víctimas y procuración de justicia han quedado atrás ante el golpe de realidad.
Uso político de la GN
Finalmente, el análisis realizado por el ONC identifica que la Guardia Nacional se ha desgastado debido a las funciones asumidas y el uso político al que está siendo sometida.
Y es que se observó que su uso y presencia por cualquier asunto no disuade ni previene la comisión de delitos o faltas administrativas, al tiempo que se hace un despliegue con criterios que no corresponden con las cifras de incidencia delictiva ni la presencia del crimen organizado.
“No hay ningún elemento realizando funciones de investigación, prevención, proximidad social o reacción, pero sí hay 92,586 asignados a funciones “operativas no especificadas”, es decir, dispuestos para atender cualquier asunto u ocurrencia”, advierte el estudio.
