Amnistía Internacional pide al Gobierno que deje de criminalizar a defensores ambientales

Amnistía Internacional presentó un informe en el que hace un llamado urgente al Estado para que cese de inmediato la criminalización de la protesta y garantice la protección de las personas defensoras de derechos humanos en México, específicamente en el contexto de la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Entre las recomendaciones específicas, Amnistía Internacional instó a las autoridades a reconocer la importante labor de estas personas defensoras y a evitar la estigmatización. También enfatizó la necesidad de garantizar su participación en asuntos que afectan a sus comunidades y de fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El informe enfatizó que las autoridades deben abstenerse de utilizar cuerpos de seguridad militarizados, como la Guardia Nacional, para la vigilancia de protestas pacíficas.

Todo esto a partir de la documentación de cuatro casos en los que se utilizó el Sistema Penal contra personas que protestaban por la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México.

Uno en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida, en San Cristóbal de las Casas; otro por la oposición a la construcción de un drenaje con desembocadura en el Río Metlapanapa, en Zacatepec, Puebla; el tercero donde dos personas tseltales, se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, en su territorio, y el último donde pobladores del pueblo indígena maya de Sitilpech, se opusieron a una mega granja porcícola en su territorio que causaba contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud.

Amnistía Internacional indicó que, en dichos casos, el Estado mexicano respondió a las protestas pacíficas con la criminalización de los manifestantes, iniciando procesos penales en su contra.

El documento también reveló que, en ninguno de los casos, se tomaron en cuenta los contextos en los que ocurrieron las protestas, las causas que las originaron, ni la defensa de los derechos a la tierra, territorio y medio ambiente. Además, no se buscaron medios menos restrictivos para resolver las inconformidades de las personas que protestaron.

También, se detalló que, entre las consecuencias individuales y colectivas, que provoca la criminalización, están impactos económicos por los procesos judiciales, afectaciones a la salud, pérdida de empleos, desestabilización de las dinámicas comunitarias, desconfianza entre miembros de comunidad, entre otras.