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Aprueban Ley de Seguridad Privada
Aprobó dos minutas para actualizar su contenido en materia de tecnología y propiciar que las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico eleven el nivel de seguridad de los usuarios.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos minutas que reforman la Ley Federal de Seguridad Privada para actualizar su contenido en materia de tecnología y propiciar que las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico eleven el nivel de seguridad de los usuarios.
De acuerdo con los decretos a los que se dio luz verde, uno de los cuales fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación inmediata y el otro devuelto al Senado para ser ratificado o modificado, dichas empresas estarán obligadas a brindar condiciones mínimas de seguridad y a ser identificadas de forma clara y precisa, sin suplantar a las autoridades de los tres niveles de gobierno encargadas de la seguridad pública.
Desde la óptica de los legisladores, los servicios de alarma y de monitoreo electrónico entrañan un medio eficaz, tanto para disuadir la comisión de delitos, como para hacer efectiva y oportuna la reacción cuando se perpetra algún ilícito, principalmente de los que vulneran la vida, la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas.
Al fundamentar los cambios, Gustavo Ortega Joaquín (PAN) explicó que cada usuario debe tener la garantía de que, en efecto, la seguridad privada mediante ese tipo de dispositivos coadyuve con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, dándoles aviso oportuno de cualquier incidencia con el propósito de agilizar su intervención.
Arturo Santana (PRD) exigió al gobierno federal dar marcha atrás a la venta de la empresa de traslado de valores Servicio Panamericano de Protección a la transnacional Brinks, porque la Constitución prohibe que empresas de seguridad privada sean manejadas por otra nación. El petista Jaime Cárdenas Gracia respaldó los cambios, aunque explicó que es anticonstitucional porque la seguridad es una función del Estado.
rramos@eleconomista.com.mx