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Política

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Avala comisión en San Lázaro disminuir porcentaje de multas a institutos políticos

La Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa de enmienda que busca disminuir los topes máximos de las multas a los partidos políticos.

La Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa de enmienda que busca disminuir los topes máximos de las multas a los partidos políticos.

El dictamen reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 23 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de sanciones.

La iniciativa cita que el monto total de la reducción y/o retención de la ministración mensual del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes derivada de cualquier tipo de sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos, no podrá exceder 25% de la ministración mensual que corresponda. Actualmente ese monto es de 50 por ciento.

Durante la discusión de los legisladores, Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena), refirió que la iniciativa está encaminada a evitar excesos de la autoridad electoral que nulifiquen la actividad de un instituto político frente a una sanción que pudiera ser excesiva.

Mientras que el legislador del PT, Pedro Vázquez explicó que se debe dejar al  árbitro electoral (INE) tomar decisiones que sólo corresponden a las y los legisladores. 

Por su parte, Javier Casique, diputado del PRI exhortó a los legisladores para sumar esfuerzos y consensos.  “Las sanciones son necesarias para que nadie tenga ventajas violando la ley”.

Para Elizabeth Pérez Valdez, la iniciativa aprobada por la comisión es contradictoria ya que si bien el dictamen puede hacer un beneficio a los partidos políticos en el tema de multas, “no es correcto que se vaya por encima de la ley; nunca debemos estar por encima de la ley y jamás hacer leyes a modo”.

Por último, las y los integrantes de dicha comisión legislativa exigieron de manera enérgica el esclarecimiento de los crímenes de los asesinatos de la diputada de Morelos, Gabriela Marín, y del presidente municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero, Conrado Mendoza.

politica@eleconomista.mx

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