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Busca Morena que integrantes de autónomos se sometan a juicio político

Diputados del partido guinda pidieron en una misiva que avance el diálogo para un periodo extra.

El Congreso de la Unión se dispone a discutir y eventualmente aprobar en el siguiente periodo de sesiones extraordinarias, que se realizaría a partir del próximo miércoles, la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia, que derogará la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara baja el pasado 21 de julio ante la Comisión Permanente del Congreso, misma que a la fecha no ha sido dictaminada en comisiones y por lo tanto no hay decreto a votar, es necesario expedir dicha normatividad para materializar la reciente reforma a la Constitución sobre declaración de procedencia y fuero constitucional, a fin de actualizar el marco legal en que se desarrollan los procedimientos en la materia ante las cámaras de Senadores y Diputados.

Entre los cambios propuestos por los morenistas como parte de la nueva ley destaca incluir en la lista de los servidores públicos sujetos de juicio político a los miembros de los órganos autónomos, algo que la ley en la materia vigente no prevé.

Legisladores de la oposición arguyen que no es urgente aprobar dicha legislación secundaria y no están del todo de acuerdo con incluir el tema como parte de la agenda a aprobar en el periodo extraordinario en puerta; el próximo lunes se decidirá si se incluye o no el tema.

Presionan por extraordinario

Por escrito, una treintena de diputados federales de Morena exigieron a la Mesa Directiva e integrantes de la Comisión Permanente no poner pretextos, retrasar ni obstaculizar por ningún motivo la realización del periodo extraordinario, previsto la próxima semana, para que la Cámara baja se constituya en jurado de procedencia y vote los desafueros de los diputados Saúl Huerta (exmorenista) y Mauricio Toledo (PT), acusados de violación a un menor de edad y enriquecimiento ilícito, respectivamente, y de Uriel Carmona, fiscal de Morelos, por presunto ejercicio ilícito del servicio público.

rolando.ramos@eleconomista.mx

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