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Política

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CNDH emite recomendación vs Sagarpa y Cibiogem

La CNDH dirigió una recomendación 23/2015 a Enrique Martínez y Martínez, presidente de la Cibiogem y titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por la vulneración al derecho de consulta en contra de diversas comunidades indígenas.

La CNDH dirigió una recomendación 23/2015 a Enrique Martínez y Martínez, presidente de la Comisión Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por la vulneración al derecho de consulta en contra de diversas comunidades indígenas.

El organismo expuso que se violentó el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe, en contra de grupos étnicos de varios estados, a través de actos y omisiones atribuibles a servidores públicos que otorgaron a una empresa el permiso de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada .

De acuerdo con el quejoso, las autoridades agraviaron a habitantes de comunidades indígenas ubicadas en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas, al otorgar el permiso para liberación al ambiente en programa piloto de organismos genéticamente modificados (OGM) a favor de una empresa.

Los quejosos detallan en sus respectivos escritos, que el permiso para liberación al ambiente en programa piloto de OGM fue otorgado sin efectuar los estudios de impacto ambiental necesarios y sin informar sobre el particular a las comunidades indígenas de campesinos y apicultores de las zonas , indicó el documento.

Los afectados expusieron que el polen que recolectan las abejas está contaminado con la presencia de transgénicos sembrados por la empresa, lo que imposibilita la venta de miel a la Unión Europea, afectando la economía de miles de familias.

El organismo nacional comprobó que tanto la Sagarpa como la Cibiogem violaron los derechos de estas comunidades, por lo que le solicitó a Martínez y Martínez que durante el trámite y resolución del permiso o autorización ésta se realice en términos de la consulta, como lo prevé la ley.

Además de que se diseñe un programa dirigido a servidores públicos de esta dependencia para que reciban capacitación en materia de derechos humanos relacionados con la consulta previa.

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