Pese a que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos en el mundo para enfrentar la opacidad y la corrupción, su implementación ha fracasado, principalmente porque no se ha empleado con eficacia por los poderes públicos y, como secuela, no ha logrado mitigar las muy diversas manifestaciones de la captura de los puestos y los presupuestos públicos.
El informe sobre El combate a la Corrupción en México, Informe País, 2020, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, logró documentar que debido al despecho mostrado por los servidores públicos y entes del gobierno al diseño y las normas jurídicas con las que cuenta México, el combate a la corrupción ha fracasado por múltiples defectos de implementación.
Además de identificar que las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no cumplieron con sus mandatos constitucionales y legales a cabalidad.
Y es que el informe sustentado con 47 bases de datos con más de 970 mil registros y un conjunto de estadísticas resumidas en 120 tablas, realizadas a través de 1007 solicitudes de información y entrevistas con servidores públicos, advierte que la procrastinación, la simulación y la burocratización, han obstaculizado el cumplimiento de las instituciones de combate a la corrupción.
Asimismo, el documento reveló que el Estado tampoco se ha logrado garantizar la máxima publicidad de las decisiones tomadas por los sujetos obligados, no ha logrado sancionar con eficacia a quienes han cometido faltas o delitos de corrupción y no ha cumplido a cabalidad con sus cometidos.
Entre los defectos observados sobre la implementación de las normas y sistemas de lucha contra la corrupción en México, el informe identificó que los procesos de designación de cargos en la administración pública federal siguen respondiendo al sistema de botín; mientras que en 2020, el presupuesto de egresos de la federación se manejó con amplios márgenes de discrecionalidad, con franca opacidad en las transferencias presupuestarias, los gastos indirectos y la adjudicación de contratos.
Asimismo, se advierte que el Sistema Nacional de Transparencia, a pesar de su evolución, no logró conjurar la cultura de la opacidad en la producción de información ni consiguió la máxima publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados y la protección de datos siguió siendo insuficiente.
Por otro lado, se observó que la gran mayoría de los procedimientos de sanción no corresponden con hechos de corrupción sino con asuntos administrativos poco relevantes, al tiempo que no hay clara conexión de sentido con el combate a la corrupción en las sanciones, debido a la burocratización, la oscuridad y la demora en los procesos de sanción a las conductas tipificadas como faltas y delitos de corrupción.
“La discrecionalidad y la impunidad —entendidas ambas a la luz de las normas jurídicas vigentes que han sido ignoradas— han estado en la base de la captura del Estado como la causa fundamental de la corrupción.
"La corrupción sigue medrando en el espacio público mexicano y que los instrumentos diseñados para combatirla no han logrado su cometido", señala el informe.
Evidencian incuplimiento de instituciones del SNA El documento señala que pese a la vigencia de la ley que regula la coordinación entre las dependencias que conforman el
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se logró evidenciar que en 2020 estos entes no cumplieron con sus mandatos constitucionales y legales a cabalidad.
Se expuso que la Política Nacional Anticorrupción promulgada por el SNA fue un documento de referencia que no sólo tardó un tiempo excesivo en aprobarse, sino que no tuvo aplicación práctica y dado el conjunto de desviaciones observadas, además de que la implementación del SNA no correspondió con los fines que se plasmaron en su diseño original, reproduciendo la fragmentación de esfuerzos entre las instituciones que lo conforman.
Por ello, se advirtió que con base a los datos recopilados, los órganos y las entidades responsables de darle vida al SNA sólo alcanzaron a responder, en promedio, el 75% de sus mandatos individuales.
Sin embargo, se detalló que los porcentajes de cumplimiento de sus tareas en el SNA, para el año 2020 oscilaron entre el 97.5% y el 36.3%, siendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la dependencia con el mayor cumplimiento y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) el órgano con el menor porcentaje.
Mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se ubicó en el segundo lugar de cumplimiento individual con el 91.9%, seguida del Consejo de la Judicatura Federal, con el 91.6%; la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), con el 87.5%; la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el 62.9%; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con el 57.1%; y las oficinas centrales del SNA, con el 50%.
Por lo anterior, se señaló que “no hay evidencia suficiente para probar que las instituciones que conforman el SNA hayan logrado romper las barreras de la fragmentación que las separa…, no articularon un sistema de intercambio de información y de experiencias ni concertaron políticas articuladas y coherentes para erradicar las causas de la corrupción más allá de sus propias órbitas de competencia".
Además de que esas instituciones no cumplieron a cabalidad todos sus cometidos, tampoco existe evidencia suficiente para probar que, actuando como comité coordinador de un sistema articulado, esas instituciones hayan privilegiado modificar las causas y no sólo observar y castigar las consecuencias de la corrupción.
Las deficiencias
En conclusión, el informe sostuvo que se logró comprobar que México cuenta con un andamiaje institucional más que suficiente para combatir la corrupción, sin embargo, su implementación ha sido deficiente. “Lo que ha fallado no es el diseño de las instituciones —algunas de ellas, ejemplares para el resto del mundo— sino el cumplimento de sus cometidos y la implementación de las políticas que deben atender", subraya el documento.
En este sentido, se observaron tres defectos de implementación que no deben pasar inadvertidos: El primero y más obvio, la procrastinación de las obligaciones y de las funciones necesarias para darle vida al Sistema Nacional Anticorrupción.
El segundo defecto ha sido la simulación en el cumplimiento de algunas de las normas vigentes para erradicar la captura de los puestos, los presupuestos y la información pública y el tercero ha sido la burocratización excesiva de los procedimientos, hasta el punto en el que las cuestiones procedimentales acaban superponiéndose a los objetivos sustantivos.
