Combate a la corrupción, más allá de tener un fiscal

Previo a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, México ya ha intentado combatir los niveles de este flagelo con la implementación de tratados internacionales, leyes y políticas que buscan erradicar este delito.

Para prevenir y castigar el cohecho, el Estado mexicano ya cuenta con normas legales, establecidas en los códigos penales, los cuales contemplan delitos como el peculado, el lavado de dinero, la asociación delictuosa y la extorsión. El Centro de Investigación para el Desarrollo AC indica en su informe Oídos sordos ante la corrupción que el sistema de justicia penal presenta instituciones en las cuales este tipo de conductas pueden ser investigadas.

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene a su cargo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, oficina que está encargada de investigar y perseguir las faltas cometidas por servidores públicos contra la administración de la justicia.

El 11 de junio se publicó una ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas la cual establecía responsabilidades y sanciones a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por infracciones al momento de suscribir un contrato con instituciones de la Administración Pública Federal.

Esta norma fue invalidada por decreto a partir del 19 de julio del 2017, al entrar en vigor las reglas anticorrupción.

Además, el Código Penal Federal tipifica el delito de cohecho y contempla sanciones por tráfico de influencias.

Es de mencionar que el 18 de julio del 2016 fue reformado este código y entre los principales cambios legales contempló a las empresas públicas productivas del Estado en la definición de servidores públicos, asimismo se incrementó en un tercio las penas para los servidores públicos que hayan cometido esta violación y hayan sido electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna cámara del Congreso.

No obstante, según el artículo primero transitorio del decreto de esta reforma, estas modificaciones legales entrarán en vigor a partir del nombramiento que el Senado realice del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Por otro lado, a inicios de la presente administración, a través del Pacto por México, los líderes políticos lograron acuerdos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

De igual manera, México se ha adherido a tratados internacionales en materia de combate al cohecho; la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

A través del estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción en México , la Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que entre el 2000 y el 2014 hubo 124,420 funcionarios sancionados por parte de la Secretaría de la Función Pública.

El senador por el Partido Acción Nacional y exsecretario de Hacienda y Crédito Público (2010-2011), Ernesto Cordero, advierte que más allá del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que México requiere es la adecuada aplicación de las leyes y la erradicación de la impunidad.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el fenómeno se ha agudizado en los últimos años. Un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad, ha acrecentado la problemática .

El andamiaje que ya aplica:

• Diversas reformas, leyes y medidas ya son aplicables en el país para combatir el flagelo.
• La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República está encargada de la persecución de delitos cometidos por servidores públicos ajenos a la Procuraduría y contra la administración de justicia.
• El Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contemplan sanciones por corrupción en el servicio público y la administración de justicia.
• El Código Penal Federal contempla sanciones por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos de empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión o en el Poder Judicial Federal o que manejen recursos económicos federales.
• El Código Penal Federal fue reformado el 18 de julio del 2016, entre los principales cambios legales contempló a las empresas públicas productivas del Estado en la definición de servidores públicos e incrementó en un tercio las penas para los servidores públicos que hayan cometido delito y hayan sido electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna Cámara del Congreso.
• Sin embargo, estos últimos cambios legales no podrán emplearse en tanto el Senado de la República no lleve a cabo el nombramiento del Titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

La Secretaría de la Función Pública puso en marcha ocho acciones para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés:

1. Declaración patrimonial y de posible conflicto de interés.

2. Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

3. Código de Ética y Reglas de Integridad.

4. Propuesta de protocolo de actuación de los servidores públicos en contrataciones públicas.

5. Registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones.

6. Ventanilla Única Nacional.

7. Lista de proveedores sancionados por el gobierno federal y sus causas.

8. Mecanismos de colaboración con el sector privado.

Las leyes secundarias del SNA aprobadas por el Congreso son:

1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (Nueva)

2. Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Nueva)

3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (Nueva)

4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (Nueva)

5. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (Reforma)

6. Código Penal Federal. (Reforma)

7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Reforma)