Con el código único no habría sido liberado

De haber un código único de procedimientos penales en el país, no se habría otorgado la libertad a Rafael Caro Quintero, uno de los mayores capos mexicanos.

Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, explicó que uno de los argumentos por los que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en Jalisco, decidieron otorgarle la libertad la semana pasada al capo, fue que a Caro Quintero lo juzgó una autoridad federal, cuando era competencia de un juez local, es decir, hubo fallas en el procedimiento. Situación que, afirmó el abogado, no hubiera pasado con el código único de procedimientos penales, ya que todas las instancias se basarían en las mismas reglas para un juicio válido.

Destacó que con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, no sólo se contempla este código único de procedimientos, sino también un código único penal, además de la oralidad, la cual, destacó, será una herramienta fundamental para la impartición de justicia en México.

Por qué lo sueltan (a Caro Quintero), porque dicen (los jueces) hay incompetencia del fuero federal, debió haber sido juzgado por el fuero común. Se deriva de que hay un código procesal penal federal y hay un código procesal penal en cada uno de los estados, del fuero común. Uno de los planteamientos que estamos haciendo para el nuevo sistema de justicia es la creación de un código procesal único. Si hoy tuviéramos un código procesal único, no se hubiera dado esta salida, porque, tuviera la competencia quien la tuviera, se hubiera tenido que regular por las

mismas reglas y el juicio sería válido, no hubiera sido una forma de sacarlo, sino que hubiera sido un procedimiento más fácil y más rápido .

La reforma para el código único de procedimientos penales ya se encuentra en etapa de análisis en los congresos locales, después de su aprobación en el Congreso de la Unión, durante un periodo extraordinario. La reforma requiere de la aprobación de 17 congresos estatales para su aprobación.

La reforma constitucional estableció que el sistema acusatorio tendría ocho años como plazo para que entraran en vigor las nuevas disposiciones, es decir, deben estar unificados todos los sistemas penales del país, así como la oralidad.

veronica.macias@eleconomista.mx