Lectura 3:00 min
Conflicto de intereses; ley que los legisladores no quieren hacer
Los proyectos propuestos van desde facultar a la SCJN para investigar conductas ilegales, hasta la creación de un tribunal de responsabilidades.
Una decena de reformas a diversos ordenamientos legales, incluso con modificaciones a la Constitución, con el fin de regular el conflicto de interés, ha sido entregada por senadores y diputados de todos los partidos; sin embargo, no han visto su aprobación.
Por ejemplo, en abril del 2009, representantes del PAN propusieron responsabilizar a las dependencias y a las entidades de la administración pública federal de diseñar y aplicar acciones y estrategias orientadas a la prevención y el control de los conflictos de interés.
Por medio de reformas a dos leyes, el entonces diputado panista José Ignacio Rubio Chávez planteó que la Secretaría de la Función Pública fuera la encargada de crear o modificar las disposiciones normativas que se requirieran para ello. Aun así, la iniciativa fue desechada en noviembre del 2011.
Meses más tarde de la presentación de dicho proyecto, en agosto del 2009, la diputada Claudia Cruz Santiago, del PRD, se pronunció por crear a nivel constitucional el tribunal de responsabilidades de los servidores públicos, adscrito al Poder Judicial de la Federación, con atribuciones para sancionar las irregularidades cometidas por los servidores públicos, así como la determinación y calificación de los conflictos de interés que se presentaran en el ejercicio de sus funciones. El plan se desechó en el 2011.
En julio del 2002, Miguel Barbosa, entonces diputado federal del PRD, presentó a nombre de su compañero de partido Tomás Torres Mercado (quien ahora es del PVEM), una iniciativa para regular la actividad profesional de los legisladores durante el tiempo de su encargo, con el propósito de evitar conflictos de interés o tráfico de influencias. Se desechó -también- en noviembre del 2011.
En abril del 2007, el Senado aprobó una reforma constitucional que buscaba poner fin al conflicto de intereses y la incompatibilidad de funciones en el Congreso, pero sin que los involucrados estuvieran obligados a renunciar a despachos jurídicos o empresas privadas de su propiedad. La minuta fue desechada por diputados en abril del 2014.
Asimismo, se han presentado proyectos de reformas para estipular los conflictos de interés en otros sectores. Por ejemplo, en julio del 2008, Adolfo Toledo, senador del PRI, planteó un cambio constitucional para facultar a la Suprema Corte para solicitar al Consejo de la Judicatura Federal la averiguación de conductas de jueces o magistrados federales y así impedir la aparición de algún conflicto de intereses. La iniciativa se descartó en diciembre del 2010.
