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Congreso declara la entrada en vigor del nuevo CNPP
El Congreso de la Unión emitió, en voz de Jesús Zambrano Grijalva, la declaratoria de entrada en vigor del CNPP, a partir del próximo 29 de abril, en Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz, y desde el 14 de junio siguiente en Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y en el archipiélago de las Islas Marías y el resto del territorio nacional.
El Congreso de la Unión emitió, en voz de Jesús Zambrano Grijalva, la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), a partir del próximo 29 de abril, en Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz, y desde el 14 de junio siguiente en Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y en el archipiélago de las Islas Marías y el resto del territorio nacional.
Dicho código establece las normas a observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.
Y de ese modo contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión de delitos, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
De acuerdo con el artículo segundo transitorio del referido código, promulgado el 5 de marzo del 2014, éste entrará en vigor a nivel federal de manera gradual en los términos previstos en la declaratoria que emita el Congreso, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la PGR, sin que pueda exceder del 18 de junio del 2016.
El Poder Judicial es la autoridad encargada de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que prevé que éste será acusatorio oral, observándose los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Mandata el nuevo código que, en todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado; al entrar en vigor, quedó derogado el Código Federal de Procedimientos Penales, del 30 de agosto de 1934.
