Consejeros del INE critican a FGR y SCJN por “obstaculizar” investigaciones sobre Odebrecht y Pío López

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) argumentaron que no pueden avanzar en las investigaciones de los casos Pío López Obrador, Odebrecht y Estafa Maestra, entre otros, debido a la resistencia de la Fiscalía de la General de la República (FGR) de entregar información, y por la decisión de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de conceder suspensiones.

Durante la sesión del Consejo General del INE este martes se presentó el Informe de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016 a 2022.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama resaltó que dicha Comisión tiene pendientes de resolver diversas investigaciones, pero cuatro tienen que ver con retraso y resistencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR a entregar información sobre sus carpetas de investigación sobre los casos Pío López Obrador; Odebrecht; Estafa Maestra y por un asunto de posible falta de reporte de gastos de campaña de la Coalición "Juntos haremos historia por Baja California".

Indicó que esta es una situación anómala, “y no deberíamos acostumbrarnos a que el orden constitucional empiece a ser afectado por decisiones incluso de autoridades del Estado mexicano”.

“¿Qué es lo que hemos encontrado una y otra vez? La negativa de entregar la información en posesión de la Fiscalía. No estamos pidiendo que se revele públicamente información que aún esta bajo investigación. Como autoridad del Estado mexicano que puede trascender los secretarios bancario, fiduciario y fiscal por disposición constitucional, estamos pidiendo la información para analizarla con el debido resguardo y saber si en materia administrativa electoral hay alguna falta, porque lo que está investigando la Fiscalía Especializada es si hay violaciones en materia de delitos, no violaciones administrativas en materia electoral que nos corresponden a nosotros: si puede haber algún partido o candidato que recibieran financiamiento irregular”, dijo Murayama.

Recordó que en el caso Pío López Obrador, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya ordenó a la FGR entregar información de su carpeta de investigación, pero esto se encuentra detenido por una suspensión que concedió la ministra Yasmín Esquivel Mossa, a pesar de que las resoluciones del Tribunal son inacabables y la Corte no tiene potestad para abordar asuntos electorales.   

“Estamos ante una actitud que está desacatando órdenes judiciales, y en efecto hay algunos casos donde la Corte ha intervenido, pero hay otros en los que no.

“Esto no puede pasar desapercibido; hay una ministra de la Corte que decidió que las sentencias del Tribunal -que son definitivas e inacabables de acuerdo al marco constitucional-, pueden controvertirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo. El consejero resaltó que el artículo 105 de la Constitución refiere que la Corte conocerá de las controversias con excepción de la materia electoral, está excluida.

“Ahora resulta que el marco constitucional vigente desde 1996 empieza a ser controvertido por la FGR y que una ministra de la Corte empieza a darle entrada a esas acciones, y quiere hacer nugatoria la autoridad de la Sala Superior porque no reconoce que son definitivas e inacabables las decisiones de la máxima sala del Tribunal Electoral”, dijo, al recordar que el INE ya impugnó la decisión de la ministra Esquivel.  

“Pero quiero llamar la atención que el orden constitucional se está viendo lastimado por la FGR que está protegiendo información que queremos conocer de Pío López Obrador, de la Estafa Maestra, de Odebrecht, y además hay una ministra de la Corte que le da protección”, cuestionó.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala resaltó que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) sancionó el caso Pemex-Gate gracias a información de la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), y cuestionó que esa fiscalía hoy niegue información.

“Si es preocupante porque ya tenemos mucho tiempo en estos procesos de investigación, y la pregunta es: ¿por qué la resistencia de las autoridades? Y es evidente que esa protección se lleva a cabo”, dijo.

La consejera Carla Humphrey dijo que preocupa que las instancias de gobierno no entreguen a otra autoridad del Estado la información que se les requiere, y la cual es fundamental para dar cumplimento de los procedimientos de fiscalización de partidos y candidatos, lo cual -dijo- repercute en que el INE pueda seguir garantizando la efectiva rendición de cuentas y equidad en las contiendas electorales.

“Una clara obstaculización a las labores de investigación de esta autoridad que no tienen contexto de un estado democrático de derecho y de colaboración de autoridades”, expresó.  Recordó que obstaculizar la labor del INE puede tener consecuencias legales.

Finalmente, el consejero Martín Faz Mor consideró que “la cuestión de fondo que no debe preocupar, es que si por un lado a esta autoridad (el INE) se le dan facultades, e incluso capacidad para salvar obstáculos derivados de secretos aplicables a otras materias, por otro lado unas autoridades controvierten esta facultad y en una practica han logrado impedir las respuestas debidas de otras autoridades”.

kg