Cordero y Barbosa buscan acotar al Presidente

Los senadores Ernesto Cordero y Miguel Barbosa presentaron a los medios de información su iniciativa de reforma político-electoral, contraria a la que se prepara en el seno del Pacto por México y a través de la cual proponen mayores controles parlamentarios al gobierno federal, penalizaciones más severas por delitos electorales y limitación de temas en las iniciativas ciudadanas y consultas populares.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aclaró que no tratan de rivalizar con las dirigencias nacionales del PRD ni del PAN, pues se prevé que los presidentes de ambos partidos, Jesús Zambrano y Gustavo Madero, apoyen la iniciativa que se prepara con el sello del Pacto por México.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, destacó que esta propuesta sí se articuló de cara a la sociedad, en mesas públicas, y no en privado.

La iniciativa presentada ayer por ambos legisladores y quienes llevaron el proceso de audiencias, Roberto Gil y Manuel Camacho Solís, ha sigo signada por 46 senadores del PRD y del PAN (los calderonistas) y no contempla la creación del Instituto Nacional de Elecciones.

El coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado, adelantó que él apoyará la reforma que se presente en el Pacto por México, al igual que su dirigencia. Éstas son las propuestas:

EN MATERIA POLÍTICA

Los senadores pretenden mayores controles parlamentarios al Presidente de la República al modificar la Constitución. Piden la creación de un Jefe de Gabinete, que sea ratificado por el Congreso de la Unión, sustituya al Primer Mandatario cuando se ausente temporalmente, presente iniciativas de ley, coordine a los secretarios de Estado, sea el enlace con el Poder Legislativo y comparezca mensualmente.

Además, sugieren que el Congreso ratifique al gabinete del Jefe del Ejecutivo y su programa de gobierno. La ratificación se obtendrá por la aprobación de las dos terceras partes del Congreso de la Unión.

Cuando el Ejecutivo presente iniciativas, debe explicarlas ante el pleno de la Cámara de origen.

Proponen la autonomía de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la creación de la Fiscalía General de la República y fiscalías autónomas en los estados y el Distrito Federal, calificadas por Roberto Gil como el cuerpo de abogados que sostienen la acusación frente a un juez en relación con un caso de delito.

Piden, además, la eliminación del fuero para todos los servidores públicos, incluso el Presidente de la República.

EN MATERIA ELECTORAL

Proponen la segunda vuelta electoral para Presidente, gobernadores y alcaldes. En el caso del Primer Mandatario, la convocatoria de la segunda vuelta se lleva a cabo una vez terminado el cómputo de los votos, desahogados los medios de impugnación y a partir de una convocatoria que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral en un plazo de dos a tres semanas. Sólo irían a esta vuelta los dos candidatos punteros.

Sugieren la reelección de legisladores federales y alcaldes, quienes podrán estar en el cargo hasta por 12 años. También de los diputados locales aunque el tiempo se deja a criterio de cada estado.

Prevén que el Senado tenga facultad para declarar la desaparición de órganos electorales locales si está plagado de irregularidades.

Además, establecen nuevos tipos y penas para la contratación encubierta de espacios que busquen posicionar a servidores públicos y candidatos, así como sanción penal a rebase de topes, aportaciones y gasto de campañas, incluso penalizan el turismo electoral.

Establecen un nuevo régimen de encuestas. Quien las difunda está obligado a revelar los conflictos de interés y las condiciones metodológicas del ejercicio estadístico. Además, se disminuye el tiempo de prohibición para difundirlas, de tres días a un día de la jornada electoral.

Habrá régimen de fiscalización durante las campañas con la misma intensidad a candidaturas independientes, obliga a los partidos políticos a llevar un padrón de proveedores y exige a los candidatos a asistir a los debates.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A través de la iniciativa, los senadores pretenden que siete temas no sean materia de las iniciativas ciudadanas. De aprobarse, los ciudadanos no podrán proponer reformas en materia penal, seguridad, amnistía, relaciones internacionales, tributaria y fiscal, régimen interno de la Administración Pública Federal, regulación del Congreso y de la Auditoría Superior de la Federación y regulación interna de tribunales de justicia federales.

tania.rosas@eleconomista.mx