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Política

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Corte de Distrito en Carolina del Sur suspende Ley S20

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apoyó la decisión de una Corte de Distrito en Carolina del Sur, Estados Unidos, de suspender provisionalmente secciones clave de la Ley S20 y afirmó que el gobierno mexicano buscará las instancias adecuadas para evitar este tipo de legislaciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apoyó la decisión de una Corte de Distrito en Carolina del Sur, Estados Unidos, de suspender provisionalmente secciones clave de la Ley S20 y afirmó que el gobierno mexicano buscará las instancias adecuadas para evitar este tipo de legislaciones.

A través de un memorándum, la Cancillería detalló que esta norma criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales .

El gobierno mexicano presentó el 8 de noviembre un recurso de Amigo de la Corte, con el respaldo de 15 naciones latinoamericanas que respaldaban las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el gobierno de la Unión Americana y por organizaciones de la sociedad civil en contra de esta ley.

Además de México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Perú presentaron este recurso internacional para manifestar su inconformidad ante esta normativa.

La Cancillería enfatizó que durante los últimos meses cortes federales de Distrito y cortes federales de Apelaciones en Alabama, Arizona, Georgia, Indiana y Utah se han sumado a la resolución de suspender la Ley S20

México continuará acudiendo a todas las instancias disponibles, de manera firme e inmediata, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior, independientemente de su calidad migratoria , insistió la SRE.

De acuerdo con esta sede diplomática esta legislación se presentó el 27 de junio y contiene disposiciones que criminalizan la migración y es capaz de propiciar su aplicación selectiva, afectando los derechos civiles de los mexicanos que radican o visiten este estado de la Unión Americana.

ana.langner@eleconomista.mx

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