Definirán el miércoles situación jurídica de Murillo Karam

El juez federal de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, dictó prisión preventiva justificada hasta el próximo miércoles en contra del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

El juez ordenó prisión para Murillo en el Reclusorio Norte, luego que el Ministerio Público de la Federación, en representación de la Fiscalía General de la República, argumentó riesgo de evasión, al contar con domicilios en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, además de poder económico y amistades dentro y fuera del país para poder sustraerse de la acción de la justicia.

Durante la audiencia, Murillo fue asistido en varias ocasiones por su médico personal, ya que presenta diversas problemáticas de salud. 

El próximo miércoles, en una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si vincula o no a Murillo a proceso, y si ratifica en su contra la prisión preventiva justificada o la cambia por alguna otra medida cautelar.

Acusaciones en su contra

A través de agentes de Ministerio Público de la Federación, FGR acusó al exprocurador de supuestamente “fraguar” y “montar” una verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que argumentó que ordenó alterar indicios de prueba en diversos puntos de Guerrero, para lo cual —dijeron los agentes—, se reunió en Guerrero con el entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre, y con el entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

Al también exsenador de la República, la FGR lo señala de ser cómplice en actos de tortura contra el presunto sicario de Guerreros Unidos, Agustín García, alias “el Chereje”.

Murillo fue detenido el pasado viernes cuando salió de su domicilio en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Al acercarse a los elementos federales de la Marina y de la FGR que habían montado un mega operativo, a Murillo se le presentó la orden de aprehensión en su contra y posteriormente se le trasladó a oficinas de la FGR.

Tras la detención de Murillo Karam, la Fiscalía informó la emisión de 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa de los 27 y 41 batallones de Infantería, policías municipales de Huitzuco; Iguala y Cocula, además policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Erik Rauda, abogado penalista, expuso que los delitos que impugna la FGR a Murillo no están prescritos, y destacó que el éxito de la FGR en este caso dependerá de la solidez de sus pruebas.  

“La Fiscalía ha sido bastante contundente cuando se trata de personajes políticos ha tenido su efectividad a corto plazo, que es colocarlos en prisión o de un arraigo, siempre lo que ha pedido se le ha concedido. No sabemos si esos procesos van a llegar a una sentencia condenatoria, pero a corto y mediano plazo la FGR siempre ha conseguido sus objetivos en cuanto a la persecución de exservidores públicos del sexenio pasado”, dijo.

jorge.monroy@eleconomista.mx