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“Desaparición de normalistas, un crimen de Estado”
El informe de la Segob destacó que el Ejército pudo ayudar a los estudiantes ya que tenía a un infiltrado en la Normal Rural Isidro Burgos.
Lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que concluyó con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y la ejecución de seis personas, incluido un menor de edad, integrantes del equipo de fútbol Los Avispones, constituyó un crimen del Estado, reconoció el gobierno federal a más de 8 años de la tragedia.
Al presentar el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado donde participaron autoridades federales, estatales y locales.
Además de advertir que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, aunque, dijo, es necesario continuar con la búsqueda en diversas zonas de varios municipios de Guerrero.
“Se acredita plenamente la intervención y la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco y con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, informó Encinas ayer en conferencia de prensa, para presentar conclusiones de los trabajos que ha realizado la Comisión de la Verdad formada para esclarecer lo sucedido en 2014.
Ejército, infiltrado
Al exponer el más reciente informe sobre el caso, también destacó la identidad de un elemento del Ejército infiltrado entre los estudiantes quien, junto a los estudiantes, pudo ser salvado si las Fuerzas Armadas hubieran actuado conforme a sus protocolos de búsqueda.
De acuerdo con el informe, el soldado Julio César López Patolzin tenía la encomienda de infiltrarse en la Normal Rural de Ayotzinapa para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes, sin embargo, luego de su desaparición los mandos militares no hicieron nada para buscar a su compañero, pese a que era su obligación.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, dijo el funcionario federal.
El soldado estaba bajo las órdenes del teniente Marcos Macías Barbosa, por lo que este deberá rendir cuentas de su omisión en garantizar la integridad y la búsqueda del soldado, añadió Encinas.
En ese sentido, las autoridades federales también reiteraron sus críticas a la llamada “Verdad Histórica”, la cual señalaron de haber sido planeada desde lo más alto del gobierno, ocultando pruebas y participación de diversas autoridades.
Lo plasmado en el informe detalla que todos los testimonios y las evidencias apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y luego desaparecidos y sus restos movilizados por diferentes puntos de la zona.
Reconstrucción del delito
Según el informe, existen datos que indican que el 30 de septiembre de aquel año, es decir, tres días después de los hechos violentos, la Sedena recibió una denuncia anónima que señalaba que algunos estudiantes estaban secuestrados en una gran bodega en “Pueblo Viejo”.
Asimismo, comunicaciones entre integrantes del Guerrero Unidos dan cuenta que se giraron instrucciones de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos entre varios grupos de delincuentes para que cada uno se deshiciera de ellos como quisiera.
No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas.
En tanto, el informe subraya que, a lo largo de estos años, 26 personas vinculadas al caso han sido asesinados, un factor que se suma a las dificultades para llegar a la verdad.
Por otro lado, se dijo que existen tres hipótesis de la desaparición de los estudiantes: que entre los operativos policiacos y un posible primer interrogatorio se haya identificado a alguien con posibles vínculos con un grupo criminal contrario.
Que los criminales hayan pensado que la llegada de camionetas llenas de estudiantes se trataba de grupos opuestos que buscaban tomar la plaza
Y, finalmente, la hipótesis de que el quinto camión contenía droga o dinero perteneciente a Guerreros Unidos.
No obstante, otras de las conclusión señalan que las autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes; se presume que alteraron hechos para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos ya que los estudiantes nunca estuvieron juntos durante su desaparición.
También se identificó que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
Al tiempo que ya se confirmó la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
“Queremos subrayar en preliminares porque aquí no se cierra ninguna investigación. Primera: que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, declaró Encinas.
Para entender el caso Ayotzinapa
Septiembre de 2014. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos es interceptado. Como resultado 43 desaparecen.
Octubre de 2014. Realizan una primera marcha en la Ciudad de México.
Octubre de 2014. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dimite a su cargo debido a la presión política por el caso.
Noviembre de 2014. Gobierno federal declara que los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos. Según la PGR los restos fueron incinerados en un basurero de Colula.
Diciembre de 2014. La CNDH crea una comisión especial para dar seguimiento al caso. También identifica los restos del estudiante Alexander Mora Venancio.
Enero de 2015. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crea el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Septiembre de 2015. La CIDH publica un primer reporte con hallazgos y desmiente así la “verdad histórica”.
Septiembre de 2015. Son detenidas 111 personas que están presuntamente relacio- nadas con el caso.
Marzo de 2020. La FGR emite órdenes de aprehensión contra cinco exfunsionarios de la PGR y un marino por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Marzo 2022. El tercer informe del GIEI confirma involucramiento del Ejército en el caso Ayotzinapa.
Agosto de 2022. Segob determinó que la desaparición fue un crimen de Estado.
