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Deslindan al gobierno del uso de Pegasus
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deslindó al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, del uso del software Pegasus, con el que presuntamente funcionarios y defensores de derechos humanos han sido espiados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deslindó al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, del uso del software Pegasus, con el que presuntamente funcionarios y defensores de derechos humanos han sido espiados.
Mediante un comunicado, la CNDH indicó que este año se inició una investigación por presunto espionaje en contra de personas que participan en organizaciones civiles de derechos humanos, aunque la Comisión señaló que no encontró elementos que indiquen que en la actualidad, el gobierno federal, o alguna dependencia, utilice Pegasus o realice espionaje.
Por otro lado, lamentó los trascendidos respecto al presunto espionaje contra Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, y otros colaboradores suyos con el spyware Pegasus.
La CNDH expresó que llama la atención el hecho de que pudieran estarse realizando este tipo de prácticas, no solamente contra un alto funcionario público, como Alejandro Encinas, sino contra cualquier ciudadano.
Además, se dio a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos integró un expediente de atención a la queja presentada por personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en la que se argumentó que, entre el 2015 y 2016, fueron objeto de intentos de ataques informáticos de vigilancia vía teléfonos celulares, mediante mensajes de texto maliciosos. Estos incitaban a entrar a dominios web que fueron identificados, por una organización, como causantes de la infección por el spyware Pegasus.
Debido a esto, la CNDH dio a conocer que emitió la Recomendación General 47/2022, a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del poder Legislativo, a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al titular de la Fiscalía General de la República, ante la ausencia de regulación jurídica para la adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos de personas en la República mexicana; su impacto en la libertad de expresión, en el derecho a defender los derechos humanos y su vinculación al deber de cuidado a cargo del Estado mexicano.
