Desplazados por el crimen, olvidados por el Estado

Pese a que en México existen varios mecanismos para ayudar a los desplazados internos en circunstancias específicas, el gobierno federal no ha demostrado voluntad de admitir plenamente y con firmeza apoyar a quienes han sido desalojados por los grupos del crimen organizado, concluye una investigación realizada por la experta en Derechos Humanos, Sarnata Reynolds, para la organización Refugiados Internacional (RI).

De acuerdo con la autora del reporte Las víctimas invisibles de México , elaborado con base en una investigación de campo de esta organización realizada de mayo a junio del 2014; México se encuentra en medio de una crisis humanitaria oculta: comunidades rurales enteras han sido vaciadas por los cárteles de la droga, que buscan apropiarse de sus tierras y recursos naturales.

El trabajo expone, como consecuencia, a asesinatos selectivos, secuestros y extorsión, por lo que las familias mexicanas se han visto obligados a huir, abandonando sus hogares y medios de subsistencia.

Si bien el gobierno mexicano tiene la capacidad financiera y técnica de implementar la Ley General de Víctimas y ha tenido éxito para arrestar y matar a líderes de los grupos delictivos más peligrosos de la nación; no tiene un plan de contingencia para aquellos que se vieron forzados a salir de sus lugares de origen a causa de las organizaciones criminales.

Tampoco ha logrado contener el repunte de violencia cuando alguna de las cabezas criminales cae. Los secuestros, extorsión y otros crímenes se han incrementado a la par del desmantelamiento de las células delictivas.

Durante su investigación, RI se reunió con más de una veintena de familias que habían huido de sus ranchos en la Sierra Madre de Sinaloa, entre enero y mayo del 2012. En ese momento, dos de las mayores organizaciones criminales de México, el Cártel de Sinaloa y la organización Beltrán Leyva, se dedicaban a una feroz batalla por el control de esta zona.

Mientras que el gobierno del estado de Sinaloa dio a conocer un informe que estima que 5,000 personas habían huido de sus hogares durante este período de tiempo, la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa puso la cifra en 25,000 personas. RI se reunió una comunidad compuesta por 80 familias que habían huido juntos, exhibe el texto.

De acuerdo con el Consejo de Relaciones Exteriores, entre el 2007 y el 2012, 70,000 mexicanos murieron como resultado de la guerra contra las drogas . Desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo en diciembre del 2012, los asesinatos han continuado sin cesar, con más de 20,000 personas muertas en sus primeros 12 meses. Otras actividades violentas que generan ingresos, incluidos los secuestros y extorsiones, también han aumentado a sus niveles más altos en más de 15 años.

Es así que RI recomienda al gobierno nacional desarrollar una definición de desplazamiento interno; llevar a cabo una evaluación de las necesidades de estos ciudadanos; crear grupos de trabajo institucionales específicos para atender el problema y crear una estrategia humanitaria para hacer cumplir sus derechos humanos.