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Política

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Diputados avalan sanciones para uso delictivo de drones 

Los legisladores modificaron el Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para que se apliquen penas de hasta 40 años. El dictamen fue enviado al Senado para su análisis.

Es muy probable que de niño, este hombre quiso ser piloto. Pero casi seguro, nunca se imaginó que trabajaría como piloto de drones. Foto: Archivo EE

Es muy probable que de niño, este hombre quiso ser piloto. Pero casi seguro, nunca se imaginó que trabajaría como piloto de drones. Foto: Archivo EE

La Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para sancionar hasta con 40 años de cárcel el uso de drones con fines delictivos.

El dictamen, enviado al Senado de la República para su análisis, establece sanciones específicas por el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia o drones; con penas de prisión de 15 a 40 años y multas de 400 a 1,200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien haga uso de estas aeronaves para cometer delitos.

Específicamente se sancionará con hasta 20 años de cárcel a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo o sustancia química o impacte a cualquier persona o propiedad con el propósito de causar daño.

Y en caso de que el ataque sea dirigido a una persona o bien de las fuerzas armadas o de seguridad pública, la pena aumentará 10 años.

También se impone pena de prisión de cinco a 10 años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapté aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas.

Además, se sancionará con penas de hasta 10 años de prisión, decomiso de los aparatos, equipo y objetos producto del delito, y multa de 50 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video para vigilar actividades de personas servidoras públicas con la finalidad de conocer o reportar su ubicación.

El dictamen incluye penas de tres a 20 años de prisión a quien mediante violencia, amenazas o engaños se apodere o tome el control de una plataforma física, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presenten servicios de aviación civil, al tiempo que estos supuestos se perseguirán por querella.

Cabe señalar que esta iniciativa proveniente del Ejecutivo Federal, deriva del creciente uso de drones por parte de la delincuencia organizada que los utiliza tanto para traficar drogas como para realizar ataques con explosivos y sustancias químicas.

De acuerdo con los registros de las Fuerzas Armadas, en México se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, la mayoría de estos han ocurrido en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

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