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Dudan de los delitos que se imputan a migrantes presos
De acuerdo con la información presentada en la investigación, a los centroamericanos se les podrían estar fabricando delitos que no cometieron.
En México hay por lo menos 1,219 personas de origen centroamericano en prisión, de los cuales 247 se ubican en centros federales de readaptación social y 972 en estatales. En su mayoría son hombres y regularmente se les imputan delitos de robo, homicidio y posesión de narcóticos, releva el informe Migrantes en prisión , realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Universidad Iberoamericana (Uia).
La evidencia recogida por el equipo de investigadores, académicos y activistas sugiere que a un número indefinido de centroamericanos les podrían estar fabricando o imputando delitos que en realidad no cometieron.
La información fue obtenida a través de mecanismos de transparencia solicitada entre mayo y septiembre del 2013 y fue proporcionada por las autoridades entre el 27 de mayo y el 17 de octubre del 2013. La investigación surgió a partir del caso del hondureño Amílcar Colón Quevedo, quien, aseguran, en el 2009 fue víctima de un traficante de personas, detenido y criminalizado al asociarlo con otras 10 personas en la comisión de delitos federales como delincuencia organizada.
De acuerdo con lo reportado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación federal y por las Secretarías Generales de los Gobiernos estatales o de Seguridad Pública estatales al centro Prodh, la mayoría de las personas centroamericanas en cárceles locales y federales son de origen guatemalteco y hondureño.
De las 1,207 personas centroamericanas de las que los investigadores tuvieron conocimiento de su nacionalidad, 45% fueron de Guatemala; 34% de Honduras; 13% de El Salvador; 3% de Nicaragua; 3% Belice y 1% de Panamá.
De las personas recluidas en los centros federales, 270 eran hombres y 17 mujeres; mientras en los centros estatales la proporción fue de 900 varones y 57 mujeres.
La investigación exhibe que hasta octubre del 2013, fecha en que fue proporcionada la información, la mayoría de los presos federales aún no recibía sentencia. De un total de 230 varones recluidos, 141 se encontraban en estatus de procesados, mientras que 89 estaban sentenciados.
Respecto de las mujeres centroamericanas, la situación era a la inversa, ya que 11 estaban sentenciadas y 6 procesadas.
El documento reporta que de las 32 entidades federativas, 27 proporcionaron información total o parcialmente satisfactoria, mientras Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, no dieron dato alguno. Dada la gran afluencia de migrantes, especialmente a través de los cuatro últimos, es lamentable que dichas entidades hayan rehusado proporcionar la información , exhibe el Centro Prodh y la Uia.
De 960 casos en los que fue posible conocer información relativa a la nacionalidad, el sexo y la situación jurídica de migrantes centroamericanos en reclusión, 54% se ubicó en Chiapas y 9% se encontraba en Tabasco. En el Distrito Federal, Nuevo León y Quintana Roo, la población centroamericana en prisión representó entre 4 y 4.3% de la totalidad de los casos registrados. El porcentaje restante se dividió entre las demás entidades federativas.
En cuanto a la edad, la mayoría tiene entre 18 y 30 años, con 67% de la proporción; le sigue el grupo de edad ubicado entre 31 y 35 años, con 23 por ciento.
Casi un tercio de los centroamericanos recluidos estaban acusados al menos por robo; 20% de homicidio; 16% de delitos sexuales, y 11% de delitos contra la salud. En cuanto a las mujeres, 22% habían sido acusadas por trata y lenocinio; 20% por delitos contra la salud, y 20% por delitos sexuales.
INM CON DISTINTA INFORMACIÓN
De acuerdo con los datos proporcionados a los investigadores por el Instituto Nacional de Migración (INM), las delegaciones que no reportaron personas centroamericanas privadas de libertad en la entidad fueron Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Yucatán.
Los datos de las delegaciones federales del INM que sí reportaron información suman un total de 354 personas centroamericanas privadas de libertad. El 46% es de nacionalidad hondureña; 37% viene de Guatemala y 10% de El Salvador. Tan sólo 10% de Nicaragua y 6% de Belice.
Llama la atención que la información proporcionada por algunas delegaciones del Instituto Nacional de Migración es significativamente distinta de la proporcionada por las entidades federativas, tras haberles formulado directamente a ellas las solicitudes de información , denuncian los activistas.
El caso más dramático, exponen, es el de Chiapas, en donde mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó 525 personas centroamericanas en prisión, la Delegación Federal del INM reportó cero.
La variación en las cifras obtenidas de los distintos órganos a los que se requirió la información invita a pensar que los distintos órganos de gobierno en realidad no tienen claridad respecto de cuántas personas centroamericanas están en prisión en un determinado momento .
