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El vacío es que no se sanciona
Hay todo un reto en la nueva Fiscalía General, advierte el exdirector del Cisen, Guillermo Valdés.
Tras los resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2018 de Transparencia Internacional en donde México completa 12 años de caídas en los índices, especialistas consideraron que la impunidad sobre los casos de corrupción es el factor de declive para el país.
“Si tú ves lo que ha pasado en México en realidad los gobiernos se concentran en el tema de la prevención, pero claramente las medidas que han tomado ni previenen la corrupción ni la controlan”, aseveró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, la rama local de Transparencia Internacional.
El activista indicó que los gobiernos locales y federal recurrentemente anuncian plataformas y acciones para la denuncia de actos de cohecho, sin embargo, pese a que dichas acciones son “sonoras”, poco abonan en la investigación, sanción, reparación del daño y recuperación de activos perdidos por el cohecho.
El gran vacío de la política anticorrupción mexicana “es que no se sanciona, no se sentencia a nadie, muy poquitos casos tienen sentencia y jamás, jamás se recuperan los recursos desviados para volver a llenar las arcas de la nación.
“Entonces es una invitación a corromperse: tú sabes que el riesgo es muy bajo de que te sancionen, pero además si te llevas 1,000 millones de pesos y las sanciones, que te inhabiliten 10 años (pese a ello), pues te llevas 1,000 millones de pesos. El gran error cometido por años es insistir en las políticas de prevención que no están funcionando y no centrarse en la parte de sanción”.
Por su parte, Fernando Sentíes, director de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC), indicó que el panorama de México no es alentador en materia del combate al cohecho si se considera que el país es la décimo quinta economía del mundo y el último lugar en el combate al flagelo entre los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Hay una esperanza: que con el nuevo gobierno esta tendencia se revierta, pero tampoco va a ser drástica de un año para otro”, previó.
No obstante, Sentíes consideró que las señales que ha dado el gobierno de López Obrador sobre el combate a la concusión son “contradictorias” ya que si bien hay la intención de luchar contra el fenómeno, “no hay una estrategia clara”.
“Por ejemplo él habla de combatir la corrupción y efectivamente ha habido ya algunos casos que la Fiscalía General de la República está investigando, pero por otro lado tenemos otras señales contradictorias como que están asignando contratos por asignación directa y contratos muy grandes, lo cual es en contra de la ley”, aseveró.
Sentíes ejemplificó como parte de las contradicciones del gobierno del presidente López Obrador los casos de la compra de autotanques (pipas) y la asignación del contrato de emisión de tarjetas de programas sociales.
Sentíes coincidió en que pese a que hay mayor transparencia en el país, la impunidad y la falta de reparación del daño es el principal reto para México.
En materia de procuración de justicia, Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dijo en entrevista que México afronta un enorme reto en cuanto al número de personal en la Fiscalía para procesar los delitos y la capacitación del mismo.
“Según la encuesta de victimización del Inegi se cometen al año alrededor de 30 millones de delitos; de esos 30 millones de delitos, 8% se denuncia, ante el Ministerio Público.
“Lo que te deja 92% de los delitos no denunciados que nunca se van a castigar, ni investigar, entonces el nivel de impunidad es elevadísimo por eso”, apuntó.
En tanto que los 2.5 millones de delitos que se denuncian —refirió Valdés— son repartidos entre 5,000 agentes del Ministerio Público, lo que genera una enorme carga.
