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Expertos ven endeble caso contra comisionado del INM
José Elías Romero Apis, exsubprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, afirmó que, a primera vista, las acusaciones tendrían pocas posibilidades de prosperar.
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
Tras conocerse el caso penal que existe contra Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, José Elías Romero Apis, exsubprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, afirmó que, a primera vista, las acusaciones tendrían pocas posibilidades de prosperar.
Esto debido a que, según el especialista, “la superioridad jerárquica no es fuente de responsabilidad penal visto a la luz del Código Penal Federal”.
“El hecho de ser jefe de la institución no lo hace responsable (...) Si no, pues nosotros seríamos responsables de todo lo que hicieran nuestros empleados y nuestros jefes serían responsables de todo lo que hiciéramos nosotros (…) la responsabilidad jerárquica no es fuente de responsabilidad penal”, dijo.
Irregularidadesen contrataciones
Sin embargo, por el tema de las irregularidades en los contratos con la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. que prestaba servicios de protección en la Estación Provisional de Ciudad Juárez, sí podría tener responsabilidad, afirmó Romero Apis.
Rogelio Robles López, investigador y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, informó que Garduño Yáñez tendría una responsabilidad administrativa porque “él, como titular, hizo las gestiones para alguna contratación de un servicio que se le iba a prestar al Instituto”.
Indicó que debido a que él, al haber realizado la contratación de este servicio, no puede deslindarse de dar un seguimiento.
“Él va a tener que acreditar que, bajo este principio de presunción de inocencia, cuáles fueron los actos pendientes a una supervisión y verificación de que el servicio se estaba brindando”, dijo.
Por lo que, como titular y como la persona encargada de la cabeza de este Instituto, “guarda al final una responsabilidad administrativa, independientemente de la materia penal”.
Robles López aseguró que, en caso de ser encontrado responsable de alguna anomalía administrativa, Francisco Garduño puede llegar a ser “inhabilitado para ejercer un cargo o alguna función en el sector público”, aunque este no sería considerado un delito, sino una falta administrativa.
