Firman pliego

El Rector Enrique Graue firmó el pliego petitorio de la Asamblea InterUNAM, en el que solicitan reparación del daño a las víctimas de los hechos violentos del 3 de septiembre, así como una investigación y sanción a quienes resulten responsables.

Los alumnos dieron un plazo de siete días para que las autoridades académicas den una respuesta pública.

En la entrada principal de la Torre de Rectoría, Graue recibió a los alumnos que marcharon este jueves hacia Ciudad Universitaria; previamente el rector se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para viajar a Monterrey a una reunión con otros directores de universidades.

La UNAM informó que los estudiantes se negaron a entregar el pliego petitorio al secretario general, Leonardo Lomelí, por lo que intentaron realizar un plantón.

Ante la insistencia estudiantil, el pliego fue leído y firmado por estudiantes de la Asamblea InterUNAM y por el rector de la máxima casa de estudios.

El documento consiste en cuatro puntos fundamentales: democratización, seguridad, género, y educación pública y gratuita.

En el apartado de democratización se solicita la elección de todos los órganos de gobierno unipersonales, en todas las escuelas, mediante elecciones con voto universal, presencial, directo y secreto.

Así como reestructuración de todos los consejos de representación universitaria, además solicitan la transparencia de la información pública que la comunidad solicite, incluyendo información general, presupuestal y todo lo relativo a las auditorías, donde se exhiban los gastos de todos los niveles de la UNAM.

En un mediano y corto plazo, solicitan reformar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México con el objetivo de que lo anterior se pueda cumplir.

En seguridad, por los acontecimientos del 3 de septiembre en Ciudad Universitaria exigen la destitución, investigación y sanción del coordinador de Auxilio UNAM, del director general de los CCH, del director general de Prevención y Protección Civil, y del titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Asimismo, el desmantelamiento de todos los grupos porriles mediante la creación de una comisión universitaria tripartita, independiente de las autoridades, que investigue, acuse y deslinde responsabilidades sobre las autoridades y/o entes que financien y promuevan estos grupos.