Funcionarios heredados por el PAN, nudo al gobierno de EPN

A casi 10 años de su implementación, el Servicio Profesional de Carrera (SPC) no logró desterrar el control de las burocracias de los gobiernos en turno: nombramientos por cuotas y plazas que crecieron como espuma entre el 2004 y el 2010, cuando ingresaron al gobierno más de 45,696 funcionarios, que 80% no cumplís ni 10 meses en el cargo y 35% no certificó sus capacidades, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón heredaron esa estructura a la actual Presidencia, encabezada por Enrique Peña Nieto. La ley refiere que los funcionarios que entraron en la administración pública federal desde el 2003 -cuando entró en vigor la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal- forman parte del servicio profesional y, por tanto, no pueden ser arbitrariamente removidos de sus cargos.

Sin embargo, en la práctica, las mediciones de desempeño pueden utilizarse para deshacerse de funcionarios de la anterior administración , relata la catedrática del CIDE y experta en temas de la modernización administrativa en México, María del Carmen Pardo.

El paradigma burocrático se sustentaba en un férreo control jerárquico de la administración pública que no ha sido desterrado; convive con políticas de descentralización, de mayor autonomía a los funcionarios y de acercamiento al cliente-ciudadano, lo que ha resultado en un claro debilitamiento del control de las burocracias y de los servidores de carrera, sin que necesariamente se hayan cumplido objetivos tan claros como el de volver eficiente la gestión y administración públicas , menciona la catedrática en su estudio: El Servicio Civil de Carrera para un mejor desempeño de la Gestión Pública . 

Crecen como espuma plazas de mando por SPC

En el periodo 2004-2010 comenzaron las alertas de posibles nombramientos por cuota o amiguismos. De acuerdo con la autoría 10-0-27100-07-0102 de la ASF, se constató que entre el 2004 y el 2010 ingresaron al Servicio Profesional de Carrera (SPC) en la administración pública federal 45,696 servidores públicos, lo que significó un ingreso anual de 6,528 servidores públicos .

En total, la administración pública federal está integrada por más de 1 millón 698,474 funcionarios públicos. 

Tan sólo en el 2010 se incorporaron 35,689 plazas al SPC, que correspondieron a los niveles de Director General, Director General Adjunto, Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Enlace, que representaron 40.3% de las 88,484 plazas equivalentes en la administración pública federal centralizada.

De acuerdo con esa auditoría, 89.2% de esas plazas registró una antigüedad menor a 10 meses y sólo 10.8% (156) rebasó el plazo.

La ASF concluyó que en el 2010, de los 28,565 servidores públicos que ocuparon una plaza del SPC, 64.3% (18,371) certificó sus capacidades profesionales, pero 35.6% (10,194) no lo hizo.

El 25 de julio del 2012, las bancadas del PRI en el Congreso acusaron que en ese momento, previo a finalizar la gestión del entonces Presidente Felipe Calderón, comenzó el nombramiento masivo de funcionarios en la administración pública federal y dentro del servicio profesional para evitar su remoción. No podemos permitir que un sistema desarrollado, movilidad y ascenso con base en méritos en el servicio público se convierta en la agencia de colocación de simpatizantes de políticos amigos de partido sin calificación profesional que buscan refugiarse en el presupuesto para sobrevivir a una derrota electoral y el cambio de administración , dijeron los priístas.

Los legisladores del tricolor acusaron que en las cuatro semanas posteriores a la elección presidencial fueron puestas a concurso 596 plazas del Servicio Profesional de Carrera con ese propósito, que fue visto por el PRI como un acto del PAN para dejar a los suyos en puestos clave del actual gobierno, mediante convocatorias irregulares en el Servicio Profesional de Carrera.

Desde el 2010, la ASF determinó que la Secretaría de la Función Pública violó el Programa Nacional de Desarrollo del sexenio de Calderón Hinojosa, porque no estableció indicadores vinculados con la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de atraer y retener a las mejores mujeres y hombres al servicio público para el logro de los resultados institucionales demandados por la sociedad, establecido en el eje rector 5, estrategia 4.3, del Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 .

Por ello, consideró que no expide normas específicas para regular el Subsistema de Control de Evaluación, además de que sus indicadores de eficiencia no cumplen con los parámetros y metas respecto de plazas por concursar; reclutamiento y selección de aspirantes; servidores públicos eventuales; nombramientos temporales; planes individuales de carrera elaborados y autorizados; horas mínimas de capacitación y garantizar la estabilidad laboral.

La catedrática del CIDE concluye que mientras no se defina, por parte del gobierno, si se desea realmente la profesionalización del cuerpo burocrático, la ley de servicio profesional será letra muerta.

Una de las cuestiones trascendentales es si existe la coalición política fuerte para mantener controlada a la administración pública, ya que frente a titubeos, negligencia o desdén por la reforma, ésta se convertiría muy pronto en un documento de buenas intenciones destinado a fracasar , precisó.

A propuesta del PRI, en el Senado está pendiente desde septiembre la reforma que permitirá al gobierno de Enrique Peña Nieto disponer de un número mayor de plazas de alto mando, a efecto de que no estén sujetas a la designación por concurso ni tengan influencias del gobierno de Calderón, que concluyó el 30 de noviembre.

Se trata de una reforma al artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para que 1,213 plazas de directores generales y 2,409 directores generales adjuntos y homólogos dejen de considerarse como parte de este servicio de carrera.

Con esas reformas, Peña Nieto podrá disponer de cerca de 6,000 plazas, en lugar de las 5,146 de las que originalmente podría disponer para designación.

jmonroy@eleconomista.com.mx