Grabaciones vulneran derechos

Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y Francisco Muñoz Conde, catedrático de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, España, coincidieron en que la grabaciones y videograbaciones son de utilidad para perseguir delitos, no para invadir la privacidad porque se vulneran los derechos humanos.

En la conferencia Las videograbaciones y su valor probatorio en el proceso penal , en el Instituto de Formación Profesional (IFP) de la PGJDF, añadieron que estas acciones son importantes para el Sistema Procesal Penal Acusatorio, no para otros fines.

El abogado de los capitalinos y el catedrático español expresaron que el uso de videograbaciones en el proceso penal debe seguir parámetros claros para que, bajo ninguna circunstancia, sea motivo para la vulneración de los derechos humanos.

El procurador sostuvo que el propósito de la conferencia con participación del catedrático ibérico es conocer opiniones y posicionamientos de eminentes autoridades del derecho penal respecto de un tema que es de relevante importancia ante la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Distrito Federal.

En este caso, abundó, los operadores del sistema de justicia penal deben tener presentes los alcances, requisitos, procedimientos y desahogo de este tipo de material, así como todos sus parámetros claros, de manera tal que, bajo ninguna circunstancia, sean motivo para la vulneración de los derechos humanos.

Las videograbaciones, añadió, deberán seguir un procedimiento impecable y estrictamente apegado al derecho, que observe puntualmente los lineamientos de la cadena de custodia, con el fin de que los registros de audio y video no sean borrados o alterados .

Recordó que bajo ese procedimiento en la capital fueron instaladas 13,008 cámaras, 8,088 cámaras en las calles y 5,000 en el Sistema de Transporte Colectivo Metro como parte del Proyecto Bicentenario Ciudad Segura y con base en la Ley que regula el del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública, publicada el 27 de octubre del 2008, con lo que disminuyeron los índices delictivos de alto impacto.

rtorres@eleconomista.com.mx