Grandes reformas están en el olvido

A un mes de concluir el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, y luego de que concluyó la glosa de informe presidencial y la aprobación del Paquete Económico del 2018, las grandes reformas, como el mando policiaco, reducción de financiamiento público a partidos y cambios al sistema de justicia penal, han quedado olvidadas. Los diputados prácticamente van al día en la agenda que abordarán.

Al inicio del actual periodo ordinario, el 1 de septiembre, los diputados presentaron sus agendas. La bancada del PRI, la de mayor representación junto con sus aliados del PVEM, NA y PES, se propuso reformas para inhabilitar a funcionarios que violenten los derechos humanos de los migrantes; una ley para certificar a asesores del deporte; una ley para el respeto de los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas, entre otras. De ellas, ninguna ha sido aprobada.

La bancada priista no incluyó en su agenda el mando único policiaco ni la ley de seguridad interior, aunque sobre esta última el coordinador priista, César Camacho Quiroz, busca acuerdos de último minuto para tratar de aprobarla.

En el caso de mando único, es un hecho no será aprobado, ya que incluso el pleno de la Cámara está por discutir un dictamen para que ese tema se someta a consulta popular en las elecciones del 1 de julio del 2018.

Por su parte, también a inicios del actual periodo, las bancadas del llamado Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) presentaron la agenda parlamentaria que impulsaría en conjunto. Entre ellos, los gobiernos de coalición; eliminación del fuero constitucional de todos los servidores públicos; mando mixto policiaco, y una reforma para combatir actos de corrupción en contrataciones de obra pública. Ninguna de esas iniciativas ha prosperado hasta el momento.

El único tema de gran alcance que hasta ahora ha conseguido consenso en la Cámara de Diputados fue la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, mecanismo para el cual incluso los diputados aprobaron un presupuesto de 469 millones de pesos para su implementación en el 2018.

Los acuerdos entre las bancadas de San Lázaro son tan frágiles y escasos que cada día de sesión de pleno es acordada en la Junta de Coordinación Política, con los temas que se abordarán, incluso el mismo día.

Uno de los últimos grandes temas que por obligación tendrán que abordar los diputados antes del fin del periodo ordinario de sesiones es el nombramiento del titular de la Auditoría Superior de la Federación, o en su caso ratificar por un nuevo periodo al actual auditor, Juan Manuel Portal.

cámara alta y el fiscal

Al Senado se le ha sumado un pendiente extra de los que heredó del pasado: el nombramiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cuyo debate se ha visto entrampado.

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y miembro del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, Daniel Vázquez Valencia, opinó que el país se encuentra ante una “crisis sistémica de la estructura relacionada con Estado de derecho y combate a la corrupción e impunidad”.

En entrevista, argumentó que de los 33 millones de delitos que en promedio se cometen al año,  únicamente alrededor de 1% llega a resolverse.

De acuerdo con investigaciones propias, Vázquez Valencia exhibió que se presenta un escenario similar ante la responsabilidad administrativa de los hechos de corrupción.

Explicó que con base en una pesquisa realizada a los casos de fiscalización y revisión de las faltas administrativas encabezadas por la Secretaría de la Función Pública entre el 2000 y 2014; se muestra que 50% del tipo de asuntos que la institución persigue tiene que ver con la declaración patrimonial.

Agregó que de acuerdo con sus estudios, al indagar en situaciones como licitaciones amañadas, o elementos más importantes, “prácticamente no hay resoluciones”.

Recordó que desde el 2014, con la reforma político-electoral, se estableció el nombramiento de un fiscal anticorrupción y un fiscal especializado para la atención de delitos electorales así como dar cauce a los cambios necesarios para transformar a la PGR en Fiscalía General de la República.

Sin embargo, persisten como pendientes centrales en la Cámara Alta aquellos procesos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción.