“Grave retroceso”, reformar Sistema de Justicia Penal

Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se pronunció porque los delitos de portación de arma y robo de combustibles estén en el catálogo de prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, académicos y juristas consideraron que las propuestas para reformar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio son un grave retroceso, no protegen los derechos humanos y atacan las bases del Sistema .

Al participar en el foro Reforma para mejorar el Sistema de Justicia Penal en México en el Senado, Vizcaíno Zamora, consideró que en el sistema están fallando algunos operadores e instancias que no se construyeron bien o no han madurado.

Dijo que el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego se ha incrementado en 12% en los últimos cinco años, por lo que señaló que aumentar las conductas delictivas que merezcan prisión preventiva no es una contrarreforma.

Incrementar los delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar no es una contrarreforma, porque no se propone modificar ninguno de los 10 artículos Constitucionales que fueron reformados en el 2008 para establecer este nuevo sistema de justicia, una contrarreforma sería tocar la Constitución, modificar los principios esenciales del sistema penal acusatorio que están en el artículo 20 Constitucional , expuso.

Refirió que ante el incremento de los homicidios con armas de fuego y del robo de hidrocarburos, es necesario que merezcan prisión preventiva oficiosa, pues consideró que la violencia podrá disminuir en la medida que quienes portan y acopian armas de alto poder no queden en libertad .

En su oportunidad, el jurista Rodolfo Félix Cárdenas indicó que las propuestas de reforma promovidas por la Conago y en la Cámara de Diputados son un grave retroceso, no protegen los derechos humanos y atacan las bases del Sistema.

Si se quiere proponer, por ejemplo el robo de hidrocarburos, llevarlo al 29 Constitucional como delito de prisión preventiva oficiosa, lo que están haciendo es llevar a la Constitución un delito para perseguir a personas individuales, porque es delincuencia organizada y ya está en el artículo de la Constitución con prisión preventiva oficiosa , sostuvo.

En tanto, María Novoa, del CIDAC, destacó que no hay evidencia empírica sobre la relación causal en la imposición de medidas distintas a la prisión preventiva y la reincidencia.

No hay información que permita afirmar que las personas que enfrentan un proceso en libertad son las mismas que cometen nuevos delitos, no existe ninguna evidencia tanto a nivel internacional como nacional que demuestre la efectividad de la prisión preventiva para disminuir la inseguridad o reducir la incidencia delictiva , dijo.

María de los Ángeles Fromow, del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, refirió que hay que evaluar y darle seguimiento a la implementación, pues sin esto no se podrá saber cuáles son las acciones correctivas precisas.

Verificar concretamente con los datos duros que ya pueden proporcionar expertos y autoridades cuáles son esos ajustes específicos que requieren. El simple hecho de reformar la ley y no continuar con las acciones operativas no va a solucionar el problema , dijo.