Hace 44 años que en México no se declara desaparición de poderes en algún estado

Aunque el presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal, consideró que no existen condiciones para proceder con la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, como lo habían propuesto las bancadas del PAN y Morena, respectivamente, lo cierto es que este tipo de medidas sí han ocurrido en el país, pero con poca frecuencia y como un instrumento político para hacer valer la fuerza del gobierno central.

De acuerdo con lo consignado en el libro “La intervención federal en la desaparición de Poderes” de Manuel González Oropeza, disponible en la biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el siglo pasado, ocurrieron 48 casos, siendo Tamaulipas y Guerrero los primeros en 1918 y nuevamente en 1919.

La entidad en donde más veces ha ocurrido eso es Guerrero con seis ocasiones, seguido de Tamaulipas con cinco y Guanajuato con cuatro.

Hidalgo fue la última entidad a la que se le aplicó esta medida (en 1975). La explicación oficial funda la decisión en tres hechos relevantes: el desafió por parte del congreso local en el Encuentro Nacional de Legislaturas realizada el 5 de febrero de 1975, en la cual se presentó una ponencia que, según el Encuentro Nacional, no reflejaba correctamente la intervención de la federación en las entidades.

La acusación del Diputado Oscar Bravo Santos realizada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la que se denunciaban actos delictivos por parte de las autoridades del estado como injerencia en asuntos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y violación a las garantías individuales.

Por último, los mítines realizados el 27 y 28 de abril en Pachuca, que terminaron en la toma de las oficinas de gobierno. El presidente Luis Echeverría ordenó la investigación de los hechos y finalmente el 29 de abril la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados declaró la desaparición de poderes en Hidalgo. El Diputado Raúl Lozano Ramírez fue elegido, entre una terna de tres aspirantes, como gobernador provisional.

Sin embargo, más que una desaparición de poderes por las causas que consigna el marco legal vigente, se tomó por un golpe de fuerza del gobierno central. En 1969 llegó a la gubernatura de esa entidad Manuel Sánchez Vite, quien también fuera Secretario General del SNTE.

La candidatura fue apoyada por el oficial mayor de la SEP, Luis Echeverría Álvarez y el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ya como presidente de la República, Echeverría Álvarez invitó a Sánchez Vite a ser dirigente nacional del PRI y así, perfilarlo como posible sucesor a la presidencia.

No obstante, la cercana relación entre ambos, la decisión de Echeverría Álvarez de trasladar los establos que aún quedaban en la Ciudad de México a Tizayuca provoco su distanciamiento, ya que Sánchez Vite se opuso al proyecto urbano presidencial.

A pesar del altercado, el presidente de la República apoyó a Sánchez Vite para designar a Otoniel Miranda como su sucesor al gobierno de Hidalgo, pero casi un mes después, ocurrió la desaparición de poderes en el estado por los disturbios acaecidos en el palacio de gobierno.

Unos meses después, el SNTE destituyó a Sánchez Vite y eligió a Carlos Jonguitud como dirigente del sindicato. Esto último terminó de defenestrar políticamente al exgobernador de Hidalgo y quien fuera amigo del presidente de la República.