Lectura 4:00 min
Hasta 75% de los médicos pasantes ha padecido violencia
La pasantía médica implica un año de prácticas en centros médicos rurales, donde los médicos han experimentado la violencia.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaría mañana exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a diseñar una estrategia para proteger a médicos pasantes y prestadores de servicio social de medicina debido a que, según resultados de un sondeo reciente levantado en nueve estados del país, 75% de los doctores encuestados reveló haber sufrido incidentes de inseguridad como extorsión telefónica, asalto a mano armada y robo de vehículo.
Respecto del 2008, explicó Miguel Alonso Raya, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y promovente del acuerdo, los ataques a la integridad de los profesionales de la salud han aumentado actualmente en 200%, principalmente en Morelos, Guerrero y el Estado de México.
Por la presencia del narcotráfico en diferentes regiones, todos los servidores públicos, los que trabajan en determinadas regiones donde mandan de alguna manera las organizaciones del crimen organizado, enfrentan problemas, no solamente de extorsión, sino incluso de secuestro y de desaparición forzada, precisó.
La modalidad del servicio social en ciencias de la salud es distinta al servicio social de otras carreras, ya que, de manera específica en medicina, implica un año de prácticas, de preferencia en centros médicos rurales, con la finalidad de fortalecer la atención primaria y la aplicación de principios de salud pública en esas comunidades.
A la fecha, 75% de los centros médicos rurales está cubierto por pasantes.
El punto de acuerdo propuesto por la bancada perredista detalla que la falta de recursos para que la población más desfavorecida acceda a los servicios básicos de salud se ha cubierto con pasantes y prestadores de servicio social que, además de padecer carencias propias de su estancia, están sometidos a las condiciones de inseguridad que privan en el país, de manera particular, al acoso del crimen organizado y la violencia.
Recientemente, según datos ofrecidos, eso se ha reflejado en agresiones directas a los profesionales de la salud que están expuestos, como todos los mexicanos, a esos riesgos, pero con los agravantes de que tienen que desempeñar una labor que pone en juego su integridad.
A manera de ejemplo, el acuerdo promovido detalla el caso de María Teresa Adona Ponce, residente de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien prestaba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (Umaps), en el municipio de Romita, en la comunidad de Cruz de Aguilar, Jalisco, y el pasado día 14 fue encontrada muerta en la salida a Cuerámaro.
El hecho ha causado la indignación de sus colegas y de la comunidad universitaria en aquel estado.
La última ocasión en que María Teresa fue vista con vida fue tras salir de la Umaps y se supo que la pasante habría denunciado un intento de allanamiento, mismo que habría sido ignorado tanto por las autoridades como por los responsables de la Secretaría de Salud.
Así como que el 26 de octubre del 2014 Paulina Méndez, estudiante de la especialidad en Traumatología en el Hospital General Regional de León, Guanajuato, fue asesinada en un asalto, luego de resistirse a ser despojada de su computadora portátil por un sujeto que le clavó un objeto punzocortante en el pecho.
Y que Luis Oswaldo Duarte Jiménez, pediatra neumólogo del hospital Ángeles, fue asesinado la semana pasada en la zona de los moteles de la salida norte de Culiacán, Sinaloa, en las inmediaciones del fraccionamiento de Urbivillas del Cedro.
Su vehículo fue hallado calcinado a las 9 de la mañana del día siguiente, cerca del lugar, y se estableció que durante la noche previa el doctor, encontrado con disparos en la espalda y cabeza, fue interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar.
