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Política

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Inicia firma de convenios de indemnización

La CDHCM recorrió distintas estaciones para investigar daños visibles que pudieran afectar los derechos a la movilidad y seguridad de los usuarios.

El fin de semana subió a 26 el número de fallecidos a causa del accidente en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX; las personas hospitalizadas sumaban 29.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la ciudad capital del país, informó que los familiares de cada una de las 26 personas que perdieron la vida serán indemnizados por el Metro con 650,000 pesos.

Servidores públicos de su gobierno, precisó, visitan los domicilios de los familiares de las personas fallecidas “para definir quién será la persona beneficiaria” y, a partir de la semana que inicia hoy, “pueda firmar el convenio de inmediato y recibir la indemnización lo más pronto posible”.

A través de redes sociales, la funcionaria refrendó su compromiso con las víctimas, al reiterar que su gobierno no va a dejar “a nadie desamparado” y dar a conocer la declaratoria de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que consta de seis puntos.

Entre estos destaca la implementación de medidas de reparación integral a partir de un plan individual de acuerdo a la Ley de Víctimas, que implica la entrega de medidas económicas indemnizatorias a cada familia afectada y la asistencia necesaria para garantizar en todo momento la reparación integral del daño producido.

Abre expediente CDHCM

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que cuenta con un expediente de queja respecto al derrumbe en el Metro en fase de investigación preliminar y que debido a ello solicitó información al STC Metro “acerca de las medidas implementadas para la prevención y mitigación de riesgos”, y que da seguimiento a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina en relación al accidente.

La CDHCM agregó que a través de recorridos en las instalaciones del STC, constató problemas que pueden afectar “los derechos a la movilidad y a la seguridad de las personas usuarias”.

rolando.ramos@eleconomista.mx

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