La decisión desesperada de Lupita: una historia de desaparición forzada

Lupita, con voz entrecortada, relata el crimen que envuelve a su familia. Habla de sus hijos con amor y orgullo. Cada uno con sus responsabilidades y trabajos, lo cual cambió el 19 de diciembre de 2019.

Ese día su hijo José de Jesús Camarena de 40 años de edad, que estaba enfermo de cáncer, padecimiento que se trataba en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, fue acompañado por sus hermanos Tonatiuh Ávalos, de 28 años, Oswaldo Javier de 24 y Ernesto de 38, pues tenía una operación programada. 

José de Jesús tenía dos carpinterías y un negocio de hamburguesas y lonches; Ernesto se dedicaba a la alfarería, fabricando macetas en Tonalá, Jalisco y Osvaldo Javier era fisicoculturista.

Lo hermanos, al llegar al hospital, encontraron que no había disponibilidad de camas para que José fuera internado, por lo que consideraron la opción de llevarlo a un centro médico particular.

“Entonces mi hijo agarró su dinerito, se lo echó a su cartera, se fueron, decidieron ir a buscar a mi sobrina Yadira, hija de mi hermana Guillermina”, dice Lupita con la misma voz quebrada, aunque con una determinación inquebrantable. 

La razón de este viaje, hacia el municipio de Ocotlán, lugar donde vivía Yadira, era porque ella lo asistiría después de la intervención.

Mientras Lupita estaba atendiendo el negocio de hamburguesas y lonches de su hijo José, en Tonalá, Jalisco, recibió una llamada, eran alrededor de las 10:30 de la mañana. 

Era su otro hijo, Tonatiuh, junto con sus hermanos, quienes le informaron que la policía de Ocotlán los había detenido para una revisión de rutina. Le pidieron que no se preocupara si se demoraban.

De un momento a otro la llamada se interrumpió abruptamente y Lupita quedó escuchando lo que se desarrollaba al otro lado de la línea: palabras obscenas y amenazantes hacia sus hijos empezaron a retumbar por la bocina del teléfono. 

Momento después Lupita escuchó cómo le exigieron a su hijo José su cartera, comentaron que tenía dinero. Los demás hermanos al no tener carteras iban a ser liberados, logró escuchar, aunque eso nunca ocurrió.

Temblando de nervios y sintiéndose impotente en su lugar de trabajo, Lupita oyó cómo sus hijos lloraban; supo también que José intentó defender su dinero.

Lupita abandonó su trabajo y se dirigió a casa, donde sus hijas ya la esperaban. Ellas también habían recibido llamadas similares. Una de ellas, Noemí, pudo grabar parte de la conversación y capturar la forma en que se los llevaban con violencia.

Una decisión desesperada

Tras estos hechos, aunque quiso levantar una denuncia ante el Ministerio Público, en Ocotlán, a Lupita le negaron la atención y le pidieron que se fuera de ahí. 

En Guadalajara, dice, sí la atendieron, pero debido a que no se sentía bien su declaración no fue clara y aunque solicitó una ampliación de ella, las autoridades se la negaron.

Durante tres meses y medio, la madre se dedicó incansablemente a buscar a sus hijos en zanjas de Ocotlán; ella deseaba que las autoridades emprendieran su búsqueda inmediata para encontrarlos con vida, aunque esto no sucedió.

A principios de este 2023, en medio de su desesperación, Lupita se enteró que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación estaban repartiendo despensas en Zapopan. 

Esta noticia la llevó a tomar una decisión peligrosa: se acercó a los presuntos miembros de la delincuencia organizada con el fin de que pudieran ayudarla a buscar a sus hijos. Ellos, en respuesta, le dieron un correo electrónico a donde tenía que enviar su petición de apoyo. 

La misiva, le indicaron, tenía que estar dirigida a líder del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido también como “el Mencho”, uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos. 

Aunque parecía una medida desesperada, Lupita dice que sentía que debía agotar todas las opciones posibles para recuperar a sus seres queridos. Desde ese entonces han pasado cinco meses ya. Lupita sigue sin dar con el paradero de sus cuatro hijos.

Aumentan casos 

Este caso de los hermanos Camarena, se suma al total de 340 desapariciones forzadas que, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de junio del 2023, se han reportado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Este total de casos es 672.72% más que las 44 desapariciones forzadas que se registraron durante la administración anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 28 de junio de 2017.

Durante la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 2022 destaca por ser el año con más víctimas de este delito registrados, con un total de 109, seguido por los 94 que el Registro Nacional reporta que ocurrieron en 2021 y los 58 de 2020.

El estado con más desapariciones forzadas, desde el 1 de diciembre del 2018, es Sinaloa con 103 registros; Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y Veracruz, también destacan en la lista con 66, 28, 16 y 12 desapariciones de este tipo.

De acuerdo con lo narrado por la señora Lupita, ellos eran una familia unida, y asegura que desde la desaparición de sus seres queridos su vida y la de su familia se vio devastada por completo. 

Señala que sus rutinas y actividades cotidianas se esfumaron, dejando un vacío profundo que no se llenará, dice, hasta reencontrase con sus hijos a los cuales anhela encontrar con vida.

Qué dice la ley

Según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, establece en su Capítulo Tercero que: 

“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

Este delito conlleva penas severas, que van de 40 a 60 años de prisión, además de multas; cuando el responsable es un servidor público, se impone la destitución e inhabilitación para cargos públicos.

Esta se diferencia de la desaparición cometida por particulares, la cual se aborda en el Capítulo Cuarto de la misma ley y establece qué ocurre cuando una persona priva de la libertad a otra con el objetivo de ocultar a la víctima o su paradero. 

Este delito conlleva penas que van de 25 a 50 años de prisión, junto con multas.

¿Complicidad entre autoridades?

Especialistas entrevistados resaltan que la impunidad es un factor que perpetúa las desapariciones forzadas. 

Coinciden en la necesidad de un gobierno activo y fiscalías eficientes para combatir este crimen y la complicidad de autoridades con grupos del crimen organizado.

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señala que la impunidad es un rasgo estructural que caracteriza al país en este tipo de crímenes, y eso dificulta las investigaciones y el desmantelamiento de redes delictivas responsables de las desapariciones forzadas.

Añade que, en el caso del estado de Jalisco, han encontrado que existe colusión entre el crimen organizado y las autoridades municipales, así como la participación de elementos de la Fiscalía del Estado en casos de desapariciones forzadas.

Rosalía Castro Toss, cofundadora del Colectivo Solecito de Veracruz, resalta la importancia de un gobierno activo en todos los niveles, desde el federal hasta el municipal, para abordar de manera efectiva las desapariciones forzadas. 

También dice que es necesario que las fiscalías trabajen de manera más eficiente y no dilaten las investigaciones, ya que en muchos casos las víctimas han presentado pruebas y denuncias que no han sido adecuadamente atendidas.

Por otro lado, la cofundadora de la asociación planteó tres hipótesis para que las desapariciones forzadas sucedan en México; en primer lugar, menciona, algunas personas son engañadas para trabajar en actividades ilícitas, ya que los grupos del crimen organizado reclutan tanto a jóvenes como a profesionales con habilidades específicas.

En segundo lugar, está que la delincuencia organizada busca trabajadores para actividades relacionadas con el narcotráfico, lo cual afecta especialmente a los jóvenes más vulnerables. 

Por último, menciona, también existen secuestros por motivos económicos, donde el rescate se convierte en el objetivo principal.

Anna Chimiak afirma que ha tenido conocimiento de la existencia de campamentos de trabajo forzado en Jalisco, donde las personas son obligadas a realizar actividades que benefician a las redes macro criminales y a los intereses económicos y políticos de los grupos de poder.

Chimiak explica que se han descubierto, por lo menos, 20 campamentos de trabajo forzado en distintas regiones del país.

Comenta que éstos no sólo funcionaban como lugares de resguardo y estancia forzada de personas, sino que también se utilizaban como centros de entrenamiento militar y narco laboratorios para la producción de drogas sintéticas.

Chimiak asegura que estos hallazgos demuestran el alto grado de corrupción y complicidad entre los grupos del crimen organizado y las autoridades, ya que operaciones de esta naturaleza y magnitud no serían posibles sin su conocimiento o autorización.

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