Las ONG impulsan comisión de la verdad

Organizaciones de derechos humanos y académicos hicieron un llamado al virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para adoptar un sistema de justicia transicional, el cual no reconozca la amnistía como un mecanismo de búsqueda de paz.

Durante la presentación en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) del documento “Romper el silencio. Hacia un proceso de verdad y memoria en México”, que justifica la creación de una comisión de la verdad y de la memoria histórica, la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Democracia en Derechos Humanos, Rocío Culebro, destacó la necesidad de que la próxima administración defina el alcance de la amnistía que ha sido propuesta para la reducción de los índices de delincuencia en el país.

“El  tema de la amnistía es muy amplio, por ello se debe esclarecer a qué se refiere y a qué resultados se puede llegar; se ha hablado que la amnistía podría ser para campesinos obligados a la siembra de mariGuana y amapola (...) ellos deben aclarar”.

En tanto, el integrante de la Plataforma contra la impunidad y la corrupción, Guillermo Trejo, afirmó que de acuerdo al sistema de justicia transicional propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no se reconoce a la amnistía como un mecanismo de justicia, sino que se otorga para evitar la persecución judicial de quienes cometen actos ilegales y  violaciones de derechos humanos.

“Las amnistías suelen ser garantes de impunidad, centradas en los perpetuadores de las violaciones a derechos humanos; las comisiones de la verdad están centradas en las víctimas”.

Cabe mencionar que el sistema de justicia transicional propuesto por la ONU tiene como propósito garantizar la justicia a víctimas de violaciones a derechos y se fundamenta en cuatro claves: búsqueda de la verdad; justicia penal en contra de perpetuadores de violaciones a derechos humanos; reparación integral de los daños, y reformas constitucionales que garanticen un Estado de Derecho.

De igual manera, los especialistas abogaron por la implementación de un paquete anticorrupción que establezca una ley de seguridad interna, en la que la seguridad no esté en manos de militares en las calles; además de la creación de fiscalías autónomas, que se dediquen a la investigación de delitos y la aplicación de sanciones a los responsables.

Aseguraron que es necesario mejorar la relación entre la sociedad y las policías, los agentes deben ser profesionalizados y capacitados; señalaron que “graves violaciones” a los derechos humanos son cometidos por elementos del Ejército y la Marina.

Crear una instancia

Ante familiares de personas desaparecidas en el país, integrantes de la plataforma contra la impunidad y la corrupción presentaron el documento “Romper el silencio. Hacia un proceso de verdad y memoria en México”, el cual expone la necesidad de la formación de una comisión de la verdad y memoria histórica, con la finalidad de dar atención a las víctimas de desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos, para dar seguimiento y castigar a los responsables.

Jan Jarab, representante del alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU, apoyó la propuesta elaborada por organizaciones civiles, académicas y familiares de personas desaparecidas para adoptar el sistema de justicia transicional establecido por Naciones Unidas como una iniciativa que garantice la paz.

La directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Democracia en Derechos Humanos, Rocío Culebro, reconoció que desde el 2015 los integrantes de la plataforma estudiaron las diversas experiencias de justicia transicional en el mundo, para considerar alternativas útiles para México.

La comisión de la verdad y memoria histórica tiene como objetivo recopilar información de violaciones a derechos humanos cometidas entre diciembre del 2006 y noviembre del 2018 en los que, de acuerdo con Guillermo Trejo, se han registrado los índices más elevados de violencia en el país.

La comisión de la verdad sería un organismo autónomo apoyado y financiado con recursos del erario público y con el apoyo técnico de organismos internacionales.