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México avanza lento en derechos humanos
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas explicó a El Economista que el problema del país es que el diálogo entre autoridades y defensores de derechos humanos no ocurre con el fin de cooperar.
En 1999 México recibía la recomendación de las Naciones Unidas para adoptar medidas efectivas con el fin de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos aquellos profesionales, como los periodistas, que adoptan esta tarea. Doce años han pasado y las autoridades mexicanas aún tienen una deuda con el respeto a los derechos humanos.
Armado con un plumón azul marino y hojas, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Javier steban Hernández, explicó que el problema del país es el diálogo entre las autoridades y los defensores de derechos humanos porque no se eslabona para la cooperación.
Por razones históricas, las sociedades latinoamericanas tienden a ser hiperactivas en cuestión de reclamos y peticiones porque entramos a la vanguardia a través de rupturas donde no hay inclusión, sino exclusión, y en construcciones institucionales escalonadas según el color de la piel o la ganancia económica .
Esto propicia que gran parte de la demanda de derechos por deficiencias del sistema institucional pase por acción directa. Somos sociedades destinadas necesariamente a ser hiperreclamonas y estas conciencias de vanguardia han comenzado a hacerse visibles en los últimos 50 años.
Javier Hernández, peruano de nacimiento que dejó su país casi sin darse cuenta, afirma:
Los defensores no son una clase aparte; son una punta de lanza ciudadana de portadores de derechos que, por su activismo, el cual responde a deficiencias del sistema institucional, propician un mejor diálogo para cubrir los vacíos de los sistemasinstitucionales .
Defender derechos no es sólo legítimo, sino necesario, porque suple las deficiencias que el sistema institucional por sí mismo tarda o a veces ni alcanza a cubrir. Los defensores son una herramienta en favor del cumplimento de las obligaciones pero eso no le quita al obligado su deber de garantía .
Luego de 36 años, el Estado mexicano reconoció el crimen en caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974, tras una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esas tardanzas hacen que la gente desconfíe de las instituciones; sin
embargo, Hernández afirma: Es ahora que vemos si esos cimbronazos logran o no cambiar estas responsabilidades o la manera de organizar las leyes .
El funcionario, quien dice tener demasiados años estudiando estos temas como para desalentarse con el caso mexicano, explica que las sentencias de órganos externos son logros que empiezan a fomentar prácticas más amplias cada vez .
La tarea más urgente es cambiar la percepción de que sólo una de las partes, el gobierno o la sociedad, debe ganar: Si se viera una ganancia equitativa, el resultado sería mucho mayor .
México está todavía en un proceso muy lento y tortuoso de construir conductos y espacios de transparencia y eficacia, porque sus instituciones, sobre todo las de justicia, no han podido dar vuelta a la página de este gran déficit de construcción de institucionalidad Sin embargo, en los últimos cuatro años ha habido la reforma penal de justicia, la cual trata de sacar de la búsqueda de culpables por cuota al ejercicio de la acción penal y la reforma constitucional de amparo.
BVC
ana.langner@eleconomista.mx