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Política

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México no reconoce problema de desplazados

El país no se ha responsabilizado ni cuenta con política alguna para medir el número de personas que han migrado internamente, debido a la violencia generada por los cárteles.

El gobierno mexicano, a diferencia del colombiano, no ha reconocido su responsabilidad ni dimensionado el problema de los desplazados internos debido a las políticas prohibicionistas de las drogas, exhibe un análisis coordinado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.

En un artículo titulado Poblaciones desplazadas internamente en México y Colombia , contenido dentro del informe Acabando con la guerra contra las drogas , coordinado por esta institución británica, la investigadora Laura Atuesta explica que las políticas de prohibición que pesan sobre las drogas, implementadas durante la primera década del siglo XXI, costaron indirectamente a México y Colombia la creación de poblaciones internamente desplazadas.

Si bien ambos países enfrentan retos para resolver la crisis humanitaria creada por las condiciones de vida que estas personas sufren; en Colombia el problema ha sido cuantificado, reconocido y el gobierno cambió la legislación a fin de ofrecer asistencia a la población desplazada; en tanto en México tales políticas son inexistentes, no hay un registro para medir a los afectados, y las autoridades no han reconocido su responsabilidad en el problema.

Entre el 2000 y el 2010, Colombia ostentó el segundo puesto en el mundo (después de Sudán) en cuanto a proporción de poblaciones desplazadas internamente, con una tasa de desplazados de 7.8% respecto de su población total.

En México, por otro lado, el conflicto ha provocado que miles de familias huyan de la violencia generada por los choques entre los cárteles de la droga y las fuerzas militares, principalmente en los estados del norte. Las cifras, puntualiza la investigadora, no son claras: mientras que el Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por su sigla en inglés) reportaba que unas 160,000 personas han sido desplazadas desde el año 2007, una firma consultora privada reportaba que el volumen sumaba más de 1.5 millones de personas.

La autora, quien es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indica que en el caso colombiano se promulgó la Ley de Víctimas para Proteger a los Desplazados Internos, no obstante su implementación ha sido difícil y los grupos subversivos continúan resistiéndose al retorno de las víctimas a sus lugares de origen.

En México, expone Atuesta, la situación es exacerbada debido a la ausencia de investigaciones académicas que cuantifiquen la dimensión de las poblaciones desplazadas, la carencia de políticas públicas para abordar la situación y la creciente inseguridad para los habitantes en áreas con altos niveles de violencia relacionada a las drogas.

Los debates actuales s sobre el fracaso de la llamada guerra contra las drogas se llevan a cabo tanto en la esfera nacional como internacional. Los expertos afirman que las nuevas políticas de drogas deben centrarse más en tratamientos para la adicción, prevención del consumo y programas de salud. Y si bien la propuesta de legalizar o regularizar el consumo de narcóticos ilícitos está sobre la mesa, el artículo concluye que esta medida por sí sola no corregirá el problema de los desplazados internos.

El artículo destaca que es necesario que los gobiernos reconozcan y se esfuercen por corregir los problemas asociados con las poblaciones internamente desplazadas.

ana.langner@eleconomista.mx

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