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Modificarán nuevas normas del Congreso
El estatuto recientemente aplicado, que regula el comportamiento de los diputados al interior del recinto, tiene 123 observaciones que serán revisadas a partir de esta semana.
La tensión que generó el pasado jueves la aplicación del nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados, que derivó en la suspensión de la sesión ordinaria cuando apenas había iniciado por la dificultad para controlar el desorden en el salón de plenos, obligará a agilizar la revisión de las 123 observaciones del mismo.
Jesús María Rodríguez Hernández (PRI), presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, informó que esta semana iniciarán de manera formal los trabajos para acordar los cambios
Pendientes a la normatividad interna, que entró en vigor desde el primer día del 2011.
Enfatizó: El Reglamento está vigente a partir del 1 de enero. La totalidad de sus 285 artículos y 13 transitorios .
Como toda obra humana, afirmó el queretano, la nueva normatividad interna aprobada en diciembre pasado es perfectible y seguramente habrá algunas inconsistencias que están en aptitud de modificarse para hacer de la Cámara Baja un órgano colegiado y eficiente.
Según los acuerdos previos, una vez consensuados los cambios la referida Comisión Ordinaria de Trabajo, confeccionará un dictamen que deberá aprobarse antes del 30 de abril, con el fin de que éstos apliquen a partir del próximo 1 de septiembre.
El artículo 285 del nuevo marco regulatorio precisa:
La aprobación de reformas al Reglamento requerirá de la mayoría calificada del pleno , y que el mismo no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios .
La aprobación por mayoría calificada significa que se requiere del voto de las dos terceras partes del total de legisladores presentes en la sesión.
Esta semana continuarán también las reuniones de difusión o talleres sobre el contenido del nuevo Reglamento, que se impartirán por el tiempo que sea necesario, dijo Rodríguez Hernández al personal de la Cámara Baja; además de la citada Comisión que juega un papel de coadyuvante en el esfuerzo de divulgación de las nuevas normas participa el Área de Servicios Parlamentarios.
En la sesión del pasado jueves, antes de que ésta se suspendiera y tras escuchar las inconformidades de los petistas Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia por la aplicación de un reglamento que aún está en revisión, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva, estableció que antes del Reglamento está la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, que serán aplicadas a rajatabla .
El Reglamento plantea orden, pero sin sanciones
El nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados no prevé sanción alguna para quien, como hizo el pasado jueves Gerardo Fernández Noroña, obligue a la suspensión de la sesión ordinaria del pleno cameral porque sus actitudes generen desorden en el salón de sesiones.
Acompañado por otros de sus correligionarios, el petista desplegó, apenas iniciada la anterior sesión, una manta alusiva al presidente Felipe Calderón al lado de la tribuna y se negó a retirarla, lo que generó la inconformidad de los diputados del PAN que abandonaron el recinto parlamentario.
Las nuevas normas establecen que es obligación del Diputado retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención en el pleno, una vez que ésta haya concluido .
Entre otras de las obligaciones de los legisladores están: Dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria; participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura; permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones .
Tras calificar como muy penosa la situación del pasado jueves, Carlos Ramírez Marín explicó que el nuevo Reglamento no limita las expresiones de los diputados, sino faltan al respeto a las instituciones o a otros diputados.
Los coordinadores parlamentarios y la Mesa Directiva, informó, ya determinaron que es preferible hacer un esfuerzo político para evitar este tipo de situaciones, que tratar de imponer sanciones.
rramos@eleconomista.com.mx