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Muestran la punta del iceberg en desvío de recursos de Amalia
La Contraloría Interna del Gobierno de Zacatecas dio a conocer que en la administración de la exgoberandora Amalia García hubo irregularidades en los gastos, lo que generó un daño patrimonial al estado al solicitarse un crédito bancario que no se pagó, facturas apócrifas y desvío de recursos en programas sociales.
La Contraloría Interna del Gobierno de Zacatecas dio a conocer que en la administración de la exgoberandora Amalia García hubo irregularidades en los gastos, lo que generó un daño patrimonial al estado al solicitarse un crédito bancario que no se pagó, facturas apócrifas y desvío de recursos en programas sociales.
Al presentar un adelanto de los resultados de 23 actos de fiscalización, el contralor interno de la entidad, Guillermo Huizar, detalló que el 14 de junio del 2010, en vísperas de las elecciones para Gobernador, los entonces titulares del gobierno estatal y de la Secretaría de Finanzas suscribieron un crédito simple con Banamex por 300 millones de pesos como suerte principal y 4 millones 289, 583 de pesos por concepto de intereses, el cual debía pagarse el 25 de agosto, pero no fue así, lo que generó intereses moratorios por 5 millones 595,486.64 de pesos.
De acuerdo con la Contraloría esto constituye un daño patrimonial derivado de esa omisión. Adicionalmente, y producto de esa falta de pago, las calificadoras Moodys y Standard and Poors han derrumbado la calificación crediticia del gobierno de Zacatecas .
Además, el gobierno federal pidió al estado que regrese en favor de la Tesorería de la Federación 610 millones 658,079.54 de pesos, por irregularidades detectadas en el ejercicio de programas como los de Fonregión, Prossapys, Apazu, durante el gobierno de García. En este primer reporte, el contralor explicó que en el Programa Estatal de Obras del ejercicio fiscal 2010 también hay irregularidades, ya que reportan 16 obras con avance financiero de 100%; no obstante, el avance físico es nulo.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario fue una de las instituciones que incurrió en mayores actos indebidos, con licitaciones y contratos para la adquisición de semillas de frijol y fertilizantes con documentos oficiales alterados. Por ejemplo, en el Programa Insumos Agropecuarios hubo contratos por 26 millones 104,000 de pesos, sin haber agotado la licitación previa y todos los convenios fueron asignados de manera directa a una empresa del DF.
Del Programa Tianguis Ganadero se tiene documentado un sobreejercicio de recursos por 2 millones 469,469 de pesos, se comprobó que con eso se adquirieron bienes que no correspondían a los objetivos del programa.
Además, se aprobaron préstamos del gobierno a particulares, se alteró el apoyo a beneficiarios de programas sociales y se contrataron 40 presentaciones artísticas sin especificar los objetivos.
trosas@eleconomista.com.mx