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Política

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Necesaria, unión entre IP y gobierno vs precursores

Para parar el flujo de precursores químicos usados para la confección de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina, es necesario que el gobierno mexicano realice una alianza más cercana con la Iniciativa Privada (IP), indicó una análisis de InSight Crime.

Para parar el flujo de precursores químicos usados para la confección de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina, es necesario que el gobierno mexicano realice una alianza más cercana con la Iniciativa Privada (IP), indicó una análisis de InSight Crime.

De acuerdo con el análisis, escrito por Annie Pforzheimer, hay casos en los que los narcotraficantes consiguen los precursores a través de empresas en México.

“‘Normalmente los productos químicos nos los venden empresas mexicanas que tienen permisos de conseguirlos’, dijo uno de los varios productores de metanfetamina en Michoacán que hablaron con InSight Crime, lo cual ha sido un hallazgo constante durante los dos años en que estudiamos el flujo de precursores químicos por el país”, se precisó el análisis.

En cuanto a colaboración con la IP, la autora ejemplificó el caso de la Unión Europea en donde en el bloque económico se tomaron medidas colectivas para poder controlar de manera más estricta el uso de precursores químicos que, en su caso, han sido ocupados para la creación de bombas.

“En 2019 (...) la UE aprobó regulaciones amplias sobre dichos productos químicos, que modificaron las regulaciones menos estrictas promulgadas seis años antes. Estas reformas se basaron en fortalecer las distinciones entre usuarios profesionales y el público en general; en requerir la conservación de los datos de transacciones comerciales durante más tiempo, dada la tendencia al retraso en la fabricación de bombas; y en incluir regulaciones sobre los mercados en línea y la ‘dark web’”, se indicó.

No obstante, en México, en el análisis se indicó que la mayoría de los acuerdos que se han tomado en la materia, en conjunto con el sector empresarial, terminan en promesas de autorregulación.

politica@eleconomista.mx

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