No hay cómo medir los efectos del presupuesto en defensa de menores

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, reconoció que la dispersión de recursos públicos para atender la seguridad, salud, educación y derechos de los menores representa una problemática, debido a que no existe una manera de medir de forma general los resultados de todas las acciones que realizan las dependencias de gobierno para atender a ese sector.

Sí, hay dinero, mucho dinero (más de 1 billón de pesos) , reconoció. Lo que no hay es cómo medir los efectos de esa inversión pública en mejoras para las niñas, niños y adolescentes.

Entrevistado por El Economista, el recién nombrado secretario ejecutivo dependiente de la Secretaría de Gobernación habló también acerca del caso del aumento de los ninis en México, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y del impacto que tendría para el sector de niños y niñas la liberación del cultivo y consumo de la mariguana.

Ricardo Bucio fue consultado en el marco de lo publicado por este diario el pasado 22 de noviembre, en el sentido de que el gobierno federal dispondrá el próximo año de 1 billón 108,932 millones de pesos disperso en varias Secretarias y organismos autónomos para atención de niñas, niños y adolescentes en temas de prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos.

¿Por qué la dispersión de los recursos y qué papel jugará el nuevo Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, en la coordinación de los programas repartidos en las diferentes secretarías?

La ventaja es que ya existe, como para tantos temas, una enorme cantidad de acciones de política pública, un sinfín de políticas de gobierno, de presupuestos, de transferencias financieras. Hay que recordar solamente: Oportunidades es el programa más grande de transferencias financieras que hay en el país, y justo va para niños, niñas, niños y adolescentes que están en la escuela. El hecho de que existan lo que requiere es que puedan articular, que sí haya una visión integral de las personas y que deje de haber esta visión compartimentada que ha existido siempre, donde a un sector le toca asegurarse de que el niño esté en la escuela, y a otro sector le toca hacer la obra pública de infraestructura urbana y a otro sector brindar la seguridad, pero no teniendo una visión común de qué es lo que tiene que hacer el Estado para que estén con las mejores condiciones de desarrollo posible.

Ésta es la parte positiva: la institucionalidad existe, hay programas, una enorme cantidad de presupuesto público que se destina. La complejidad es el tamaño de las instituciones de los programas, del presupuesto público. Es una gran cantidad de actores que están involucrados, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga con distintas acciones a las dependencias del Ejecutivo y de los tres órdenes de gobierno, pero también le da obligaciones a los congresos, a las comisiones estatales de derechos humanos y a la nacional, etcétera .

•¿Eso no habla de una dispersión de recursos y la ausencia de una política de Estado?

Para eso se crea la ley, que obliga a esto (la coordinación). Ha habido muchas acciones durante muchos años, décadas, que no han estado coordinadas y que no han tenido necesariamente una perspectiva de asumir a este grupo como sujetos de derecho. Digamos, han tenido a veces más una visión asistencial, paternalista y tutelar, que garantista de derechos. Entonces, esto es lo que la ley pretende, para ello obliga la creación de un sistema nacional, y que se creara la secretaría ejecutiva y los sistemas estatales .

•¿Pero dinero sí hay, más de 1 billón de pesos, y la problemática no se reduce?

Sí, hay dinero, hay mucho dinero, tiene dos problemas el dinero que hay: uno es que siendo mucho dinero, es un dinero que no corresponde al porcentaje de la población. México no ejerce 3 billones de pesos al año en su gasto total público (para los niños y niñas), no es proporcional al tamaño de la población ni a los requerimientos de la población. Y el segundo es que no tenemos información suficiente para evaluar si el destino de ese presupuesto que se ejerce anualmente está dando los resultados que se quieren, en dónde se está ejerciendo y cuáles son los indicadores que dan cuenta del impacto que tiene el presupuesto .

•¿Entonces se está gastando sin saber el impacto?

Hay varios indicadores dentro de la administración pública y los tres órdenes que van dando seguimiento a cada uno de los programas en cada dependencia, en cada sector. (...) Lo que no se tiene es una información de conjunto que necesitamos tener, un análisis global de qué pasa con esa inversión pública y cuánta más información tiene que haber, de recursos, de tiempo, de capital político, del análisis del modelo de desarrollo económico y su impacto con niñas, niños y adolescentes .

•¿Entonces se necesitan más de 3 billones de pesos?

No, lo que yo mencionaba es que sí hay una cantidad muy importante pero esa cantidad no representa 30% de los recurso en el país, y la población sí los representa .

•¿Cuál es el diagnóstico de la problemática de los niños y niñas?

El sistema enfrenta muchos retos: esta condición de la prohibición del matrimonio infantil, la radicación del trabajo infantil, la protección del trabajo que hacen adolescentes en edad permitida, de 15 años y más. La inclusión educativa; tenemos los efectos en millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Tenemos una situación de conflicto importante de los adolescentes que tienen problemas con la ley, y que han sido víctimas de la violencia, hay cuestiones que tienen que ampliarse en cuanto a cobertura y en cuanto a tipo de atención .

•¿Le preocupa el reporte de la OCDE sobre un aumento de 22 a 25% de los jóvenes en México que no estudian ni trabajan?

Si, de hecho, éste y muchos indicadores de la OCDE, como de los propios que tiene aquí generados el Inegi o los que genera el Coneval o el Índice de Desarrollo Humano, son un conjunto de estadísticas preocupantes. México tiene a una de cada tres personas que es menor de edad, y ello implica que el país tiene que adecuarse a esta tercera parte de su población, tiene que repensar su administración, su organización, su situación económica. Los indicadores lo que nos dan es dónde está la problemática para revertir los indicadores en una tendencia positiva, esto es lo que creemos que va ocurrir en los tres primeros años de este sistema .

•¿Cuál es su meta como secretario ejecutivo?

El próximo año hay que cumplir con todo el proceso de instalación que marca la ley en cuanto a las entidades federativas. La instalación de consejos ciudadanos en todo el país, la elaboración y emisión del programa nacional de protección integral y que tiene que estar presentándose al sistema al inicio del mes de junio del 2016 y empezar a implementarse de inmediato. La creación de las procuradurías estatales y municipales .

• Finalmente, ¿qué impacto tendrá en el sector de los menores la posible legalización del consumo de la mariguana que ya se debate?

Yo creo que la posición en este momento es participar en el debate. Es claro que tanto el consumo, pero también el tráfico, la producción, el cultivo de todo tipo de drogas, tienen un impacto en la población infantil y adolescente en el país, de manera directa o de manera indirecta.

Hoy tenemos incluso efectos, no solo por consumo, sino crecimiento de inseguridad, de otras formas de violencia.

•¿Sí habría un impacto negativo, entonces?

Hay un impacto claramente, como hay un impacto en la infraestructura, en el manejo bursátil. Todo lo que parece un tema de adultos, tiene impacto en la niñez, creo que en eso es lo que va ayudar la presencia del sistema, en los diversos espacios de diálogo en donde normalmente los niños y niñas han sido invisibilizados .

jmonroy@eleconomista.com.mx