OSC reportan ante la CIDH crisis del sistema penitenciario

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil (OSC), que conforman el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a seis años de aprobada la reforma constitucional en materia procesal penal, su implementación ha sido lenta y obstaculizada. Asimismo, manifestaron que en el país es persistente el abuso del uso del arraigo.

En audiencia durante el 150 periodo de sesiones de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Luis Gutiérrez Román, director de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), expuso que el sistema penitenciario mexicano enfrenta una crisis institucional, que se refleja en la violación sistemática de los derechos humanos de las personas en situación de reclusión.

En este tono, Javier Carrasco Solís, del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) explicó que es urgente resolver el abuso de la prisión preventiva, situación en la que se encuentra 40 % de las personas que están en prisión.

Las organizaciones solicitantes exhortaron al Estado mexicano a adecuar el marco legal de la prisión preventiva a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y abolir la figura del arraigo.

Al respecto, la subprocuradora jurídica de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, respondió que esta medida cautelar únicamente se emplea de manera excepcional.

Dijo que en lo que va de la actual administración, el número de personas arraigadas se ha reducido. De acuerdo con la subprocuradora, en el 2011 los arraigados fueron 2,550 casos y en el 2013, se registraron 630, es decir, una reducción de 75 por ciento.

GUERRA SUCIA

En otra audiencia solicitada por la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero (ComVerdad), Pilar Noriega García, investigadora de este organismo, declaró que las autoridades mexicanas han obstaculizado las pesquisas para esclarecer los crímenes cometidos durante la guerra contrainsurgente (1969-1979) en esa entidad.

Indicó que a dos años de constituida la ComVerdad, sus investigadores se ha enfrentado a dificultades como la falta de acceso a los documentos, los cuales están resguardados por el Archivo General de la Nación.

Al respecto, Benítez Tiburcio aseguró que con el retiro de la reserva obre los documentos solicitados al Archivo, en breve podrán tener acceso a ellos.

ana.langner@eleconomista.mx