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Penas de 70 años a secuestradores
El diputado León Enrique Bolaño busca que se endurezcan los castigos por ese crimen y que se puedan intervenir las comunicaciones.
Con el fin de evitar que los secuestradores evadan la acción de la justicia por cuestiones de interpretación de la ley, el diputado local León Enrique Bolaño propuso modificaciones al Código Penal y de Procedimientos Penales del estado de Querétaro para, entre otros, incrementar de 50 a 70 años de prisión para el delito de privación ilegal de la libertad.
Argumentó que la publicación de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro -el 30 de noviembre del 2010- no abroga los delitos similares contenidos en los Códigos Penales de las entidades federativas.
Lo anterior, explicó, deja a la interpretación los posibles alcances de una relativa derogación tácita que podría dar lugar a conflictos en beneficio de las redes criminales dedicadas al secuestro.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante el 2010 se registraron nueve secuestros.
En años anteriores la cifra anual en promedio era de hasta cuatro plagios.
Las modificaciones
La reforma comprende modificaciones a 10 ordenamientos legales del estado, entre los que destaca elevar a rango de ley la existencia y funcionamiento de la unidad especializada en materia de secuestro, expuso en conferencia de prensa.
Además, el legislador del PAN propone extender atribuciones a la Procuraduría General para que pueda intervenir comunicaciones privadas con el fin fin de salvaguardar la vida e integridad tanto de las víctimas como de familiares, informantes y testigos.
También se contemplan modificaciones a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad estatal para establecer restricciones tecnológicas respecto de comunicaciones de voz, datos e imágenes desde y hacia centros de reclusión.
En materia de reparación del daño a las víctimas, se establece expresamente la obligación de incluir gastos de hospedaje, transportación y alimentos que se devenguen con motivo de la atención a los procedimientos penales , añadió el legislador.
