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Pendientes y con plazos vencidos, 41 reformas en el Congreso
La LXIV Legislatura comenzó el pasado 1 de septiembre del 2018 y concluirá el 31 de agosto próximo.
CIUDAD DE M…XICO, 01SEPTIEMBRE2018.- Porfirio MuÒoz Ledo, presidente de la mesa directiva en la C·mara de Diputados, y MartÌ Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva del Senado de la Rep˙blica, encabezaron la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer aÒo de ejercicio de la LXIV legislatura en el palacio legislativo de San L·zaro, en donde se recibiÛ el sexto informe de gobierno del presidente Enrique PeÒa Nieto.FOTO: DIEGO SIM”N S¡NCHEZ /CUARTOSCURO.COM
Con procesos legislativos inconclusos que van desde expedir la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato, antes de noviembre de 2021, y la revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio ordenada por la SCJN, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, llamó a la próxima legislatura a dar continuidad y seguimiento a las reformas aprobadas por Legislaturas anteriores.
Al participar en el foro: “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura”, informó que la LXIV Legislatura concluirá con al menos 46 obligaciones transitorias que la Cámara de Diputados debe implementar, de los cuales cinco están dentro del tiempo previsto para su cumplimiento y 41 con plazos vencidos que vienen desde 2014.
“La aprobación de reformas constitucionales generalmente requiere de la posterior creación o adecuación de leyes secundarias. El complejo entramado de regímenes transitorios que acompañan las modificaciones legales, así como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, se convierten en pendientes institucionales que la LXIV Legislatura, por diversas razones, no pudo desarrollar hasta su resolución”, lamentó la legisladora priista.
Leyes por discutir
Sauri Riancho reconoció que derivado de los regímenes transitorios quedan pendientes, entre otros, temas como la expedición de la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato, antes de que inicie este ejercicio en noviembre de 2021; reformas relacionadas con la elección consecutiva de legisladoras y legisladores.
Además de expedir la Ley General de Seguridad Privada, derivada de la reciente reforma constitucional en la materia; realizar las adecuaciones normativas en materia de paridad de género respecto a nombramientos de titulares de las secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los organismos autónomos, derivada de la reforma constitucional en materia de paridad.
Expedir la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación derivada de la reforma educativa, y la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que está pendiente desde el 2014. A partir de esta circunstancia dicha institución adquirirá plenamente su carácter de órgano constitucional autónomo.
Resoluciones de la SCJN
En tanto, derivado de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siguen inconclusos temas como la expedición del Código Único en materia familiar y civil cuyo plazo que la Corte estableció para legislar es el primer periodo ordinario de la próxima Legislatura, es decir el 15 de diciembre de 2021.
Además de la revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y su fundamento constitucional para su correcta implementación toda vez que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales diversos artículos de dicha ley relacionados con el origen ilícito de los bienes sujetos a extinción de dominio y realizar las adecuaciones a las leyes generales y federales en materia de justicia cotidiana y solución de fondo de conflictos.
Por otro lado, encontramos que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente resolver las acciones de inconstitucionalidad a la legislación secundaria de la Guardia Nacional, que son: la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y la Ley de la Guardia Nacional.
