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Piden garantizar independencia judicial ante abusos en aprehensiones
En respuesta al informe realizado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, a raíz de su visita a México, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como familiares y víctimas de detención arbitraria, emitieron una declaración en el que llamaron al Gobierno de México y a las nuevas autoridades a tomar medidas concretas.
En respuesta al informe realizado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, a raíz de su visita a México, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como familiares y víctimas de detención arbitraria, emitieron una declaración en el que llamaron al Gobierno de México y a las nuevas autoridades a tomar medidas concretas.
Entre las recomendaciones se incluyen: establecer un diálogo con organizaciones de derechos humanos y víctimas para escuchar sus propuestas y testimonios.
También, derogar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, y armonizar las normas sobre flagrancia con el derecho internacional y garantizar la independencia judicial mediante medidas específicas para proteger a los jueces de influencias políticas.
“(Las autoridades deben) enviar un mensaje firme y contundente, a través de divulgación pública, que genere conciencia social sobre la importancia de respetar y proteger los derechos humanos, incluida la prohibición de la detención arbitraria y la tortura”, detallaron las firmantes a través de un comunicado.
Fabricación de culpables
Por otro lado, las ONG hablaron de implementar, plenamente, las recomendaciones del Grupo de Trabajo y garantizar reparaciones para las víctimas de detención arbitraria; así como el abandonar la política punitiva de fabricación de culpables.
“De acuerdo con el Grupo de Trabajo, en varios aspectos, las leyes de México siguen siendo muy propicias para la detención arbitraria, por ello, tal y como lo han recomendado y ordenado otros mecanismos de protección de derechos humanos de la misma ONU y del Sistema Interamericano, instó al Estado a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la prisión preventiva oficiosa, al ser considerada una violación de los derechos humanos, así como a eliminar el arraigo de la Constitución”, explicaron las organizaciones.
El llamado ha sido respaldado por organizaciones como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Fundar, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otras entidades defensoras de derechos humanos.
Además, familiares y víctimas de casos documentados de detención arbitraria, como los de Mario Almanza Cerriteño y Jorge Hernández Mora, han solicitado acciones inmediatas para abordar esta crisis de derechos humanos en México.
